El menor de 15 años acusado de disparar contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay se declaró inocente este martes 10 de junio durante la audiencia ante un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

El adolescente, quien perpetró el atentado durante un evento político en el parque El Golfito del barrio Modelia en el occidente de Bogotá, no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.

La Fiscalía anunció que pedirá una medida de internación preventiva en un centro especializado mientras avanza el proceso judicial. El ente acusador también solicitará que el menor sea recluido en el búnker de la Fiscalía para garantizar su seguridad durante el procedimiento.

Según explicó la fiscal general Luz Adriana Camargo, el principal sospechoso del atentado se expone a una sanción de hasta ocho años. “La sanción eventualmente a la que estaría sujeto es una sanción hasta de ocho años, que no es propiamente de prisión, sino una sanción que, bajo los lineamientos de la Ley 1098, es educativa, reparadora y tiene por fin restablecer los derechos de ese menor”, precisó.

Para fundamentar el proceso judicial fueron determinantes los videos de cámaras de seguridad donde se observa al adolescente disparando contra el líder político. La situación de flagrancia también constituyó evidencia clave, ya que cuando fue aprehendido portaba una pistola Glock de 9 milímetros, adquirida en 2020 en Arizona, Estados Unidos, según las investigaciones.

Las autoridades continúan buscando el teléfono celular del menor, dispositivo que no ha sido localizado por la Policía y la Fiscalía, y que podría contener información relevante para esclarecer los móviles del ataque.

El abogado penalista Francisco Bernate explicó las implicaciones de la decisión del menor de no aceptar los cargos imputados. Según el experto, esta estrategia puede obedecer a dos factores principales.

Primero, el adolescente prefiere que su situación se resuelva en juicio, considerando que en el régimen legal de menores no existen beneficios por aceptar cargos como ocurre con los adultos. Segundo, podría encontrarse en un proceso de negociación con la Fiscalía General de la Nación, donde no se aceptan cargos hasta presentar los acuerdos alcanzados, que podrían incluir un principio de oportunidad.

La fiscal general Camargo precisó que el caso no se rige por un procedimiento ordinario, sino bajo el Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes establecido en la Ley 1098 de 2006. Los menores no están sometidos a las mismas sanciones que los mayores de edad.

“En este caso se juzga bajo las reglas de la ley 1098 de 2006, los menores no están sometidos a las mismas sanciones a las que están sometidos los mayores, infortunadamente, eso es una realidad muchas veces es por esto que son instrumentalizados para ser ejecutores materiales de conductas tan graves como estas”, señaló Camargo.

La investigación continúa para determinar si el atentado fue un hecho aislado o parte de un plan premeditado. Todos los miembros del esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay ya han declarado ante las autoridades, según confirmó el director de la Policía Nacional.

 

 

Con información de wradio y caracol radio