Cuatro de las nueve personas fallecidas en el bombardeo realizado por las Fuerzas Militares contra una estructura del Clan del Golfo en Nuquí, Chocó, eran menores de edad. Así lo confirmó el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses tras las necropsias practicadas a los cuerpos trasladados a su sede en Quibdó.

La operación militar se llevó a cabo el pasado 12 de junio en una zona rural del municipio de Nuquí, en el litoral pacífico chocoano, donde tropas del Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y unidades de la Policía desarrollaron una ofensiva contra la subestructura Jhon Fredy Orjuela del Clan del Golfo.

De acuerdo con el reporte oficial entregado por el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, el operativo dejó nueve presuntos integrantes de la organización armada muertos. Además, las autoridades informaron sobre la incautación de nueve fusiles, munición de distintos calibres, equipos de comunicación y material de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, tras el traslado de los cuerpos a Medicina Legal, las autoridades forenses establecieron que cuatro de los fallecidos eran menores de edad, todos de sexo masculino. Hasta el momento no se han revelado sus identidades ni las edades exactas, mientras avanzan los procesos de identificación plena.

Investigación buscará establecer circunstancias de las muertes

En el informe inicial de las Fuerzas Militares no se mencionó la presencia de menores entre las víctimas del bombardeo. Ahora será la Fiscalía General de la Nación la encargada de determinar las circunstancias en que murieron, verificar sus identidades y establecer si habían sido reclutados por la organización criminal.

La operación fue presentada por la Fuerza Pública como un golpe significativo contra la capacidad armada de la subestructura Jhon Fredy Orjuela, una facción que mantiene una disputa territorial con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) por el control de corredores estratégicos en el departamento del Chocó.

Se trata además del segundo operativo de gran magnitud dirigido contra esta estructura en pocas semanas. El anterior se realizó el 31 de mayo, coincidiendo con la jornada de la primera vuelta presidencial, en una zona limítrofe entre Chocó y Valle del Cauca.

Reclutamiento de menores sigue siendo una preocupación en el Pacífico colombiano

La confirmación de la presencia de menores entre los fallecidos vuelve a poner sobre la mesa el problema del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales.

La Defensoría del Pueblo ha advertido de manera reiterada sobre esta práctica en municipios del litoral pacífico chocoano como Nuquí, Juradó y Bahía Solano, donde organizaciones como el Clan del Golfo y el ELN mantienen presencia y disputas territoriales.

En casos similares ocurridos durante el actual Gobierno, especialmente en operaciones militares desarrolladas en regiones como Guaviare y Catatumbo, el Ministerio de Defensa ha sostenido que las acciones se ajustan al Derecho Internacional Humanitario (DIH), argumentando que los menores participaban activamente en estructuras armadas ilegales tras haber sido reclutados.

No obstante, organizaciones defensoras de derechos humanos han insistido en la necesidad de investigar cada caso de manera individual para establecer responsabilidades y determinar si existieron vulneraciones a los derechos de los menores involucrados.

Debate sobre la Paz Total y las operaciones militares

La subestructura Jhon Fredy Orjuela había sido mencionada previamente en reportes periodísticos relacionados con acercamientos al Gobierno Nacional dentro de la estrategia de Paz Total. Sin embargo, las Fuerzas Militares han reiterado que dichos procesos no suspenden las operaciones contra grupos armados que continúan desarrollando actividades criminales.