Un fallo judicial sin precedentes ha generado controversia en Bucaramanga y a nivel nacional, tras conocerse que un juez ordenó a una Entidad Promotora de Salud (EPS) entregar dos muñecas sexuales inflables como parte del tratamiento emocional de un paciente que, según su relato, sufre afectaciones severas en su autoestima.

La decisión, emitida en respuesta a una acción de tutela, se ampara en la protección constitucional del derecho a la salud mental. Sin embargo, ha desatado un amplio debate sobre los límites de dicho derecho y el uso del mecanismo judicial para acceder a tratamientos no convencionales.

El caso fue divulgado por el medio Infobae, que citó declaraciones de Sergio Prada, directivo de la Clínica San Luis, quien expresó preocupación por el precedente que puede sentar el fallo. “El sistema no puede soportar decisiones que, aunque pueden parecer justas desde lo emocional, están desconectadas de la realidad operativa del sector”, afirmó Prada.

Según el documento judicial, la negativa a entregar los dispositivos sexuales podría representar un riesgo para la estabilidad emocional del paciente. Por esta razón, la EPS fue obligada a costear dos muñecas inflables con características eróticas, consideradas por el juez como elementos terapéuticos.

En medios médicos, la medida ha sido recibida con escepticismo. Un psiquiatra consultado, que pidió mantener su nombre en reserva, cuestionó el criterio clínico del fallo: “Miles de personas esperan medicamentos psiquiátricos que no llegan, y ahora una EPS debe asumir el costo de muñecas de silicona. Es una señal de alarma”.

El caso reaviva el debate sobre el alcance del derecho a la salud y el uso de la tutela como mecanismo para exigir tratamientos. La falta de claridad sobre lo que puede considerarse “necesario” desde el punto de vista terapéutico abre la puerta a decisiones judiciales poco comunes en un sistema de salud ya presionado por limitaciones presupuestarias.

Prada también destacó el contexto financiero crítico que enfrenta el sector. Según sus cifras, solo en su clínica se han acumulado pérdidas cercanas a los 15.000 millones de pesos en los últimos tres años debido a la prestación de servicios a EPS que fueron liquidadas, como Comparta, Medimás y Coomeva. “Hemos salvado niños con cáncer y no hemos recibido respuesta del Estado. Ahora nos enfrentamos a este tipo de sentencias”, indicó.

En redes sociales, la historia se viralizó con rapidez. Algunos usuarios defendieron el derecho del paciente a recibir un tratamiento que le brinde alivio emocional, mientras otros criticaron la decisión por considerarla una trivialización del derecho fundamental a la salud.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la identidad del paciente ni sobre el estado de cumplimiento del fallo. Tampoco se conoce si la EPS implicada apelará la decisión ni si las muñecas ya fueron adquiridas, su costo exacto o si su uso será monitoreado clínicamente.