La situación humanitaria y de seguridad en el departamento del Guaviare, particularmente en el corregimiento Charras Boquerón (San José del Guaviare) y el caserío La Paz (El Retorno), ha alcanzado niveles alarmantes debido al recrudecimiento del conflicto armado entre grupos disidentes de las extintas FARC-EP.

Las comunidades campesinas, indígenas y rurales de estas zonas están enfrentando desplazamientos forzados, confinamientos, bloqueos de vías y enfrentamientos armados que ponen en riesgo sus vidas. La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta urgente solicitando acciones inmediatas para proteger a la población civil.

El pasado domingo 8 de junio se restringió el acceso a la vereda La Paz y sus alrededores. La medida, impuesta por actores armados ilegales, impidió el ingreso de docentes y obligó a una evacuación improvisada de estudiantes, personal de cocina y profesoras. Esta acción expuso a civiles a condiciones de altísimo riesgo, dejando a decenas de familias sin garantías mínimas de seguridad ni atención humanitaria.

En paralelo, en el corregimiento de Charras Boquerón se reportaron confinamientos masivos y bloqueos de vías, acompañados de amenazas sistemáticas por parte de grupos armados ilegales. Los enfrentamientos se han producido en cercanías de centros poblados, vulnerando directamente el Derecho Internacional Humanitario (DIH), que prohíbe poner en riesgo a civiles o usar su presencia como escudo en medio del conflicto.

Disidencias de las FARC reactivan hostilidades

Los enfrentamientos se dan principalmente entre el Bloque Jorge Suárez Briceño, comandado por alias Calarcá, y los Frentes 1 y 44 del Bloque Amazonas, liderados por alias Iván Mordisco. Este riesgo de confrontación armada ya había sido advertido por la Defensoría mediante la Alerta de Inminencia 001-25 y posteriores comunicaciones oficiales.

A pesar de las alertas previas, no se adoptaron medidas de prevención suficientes. Ahora, las comunidades enfrentan violaciones graves a sus derechos fundamentales y al DIH. La violencia ha escalado, con ataques a patrullas militares, amenazas a líderes sociales y una creciente sensación de desprotección en la región.

Ante el deterioro de la situación, la Defensoría del Pueblo ha solicitado la activación inmediata de un corredor humanitario que permita la evacuación segura de las personas que permanecen en las zonas de mayor riesgo. También pidió el fortalecimiento de la articulación institucional del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) para asegurar la asistencia humanitaria y psicosocial a desplazados y confinados.

Adicionalmente, se convocó una sesión extraordinaria del Comité de Justicia Transicional (CIPRAT) para el lunes 16 de junio en San José del Guaviare. La Defensoría instó a la participación activa de las autoridades nacionales y locales con el fin de adoptar medidas urgentes de protección y atención.

La situación en Guaviare evidencia las profundas falencias del Estado colombiano para garantizar la protección de comunidades en territorios históricamente afectados por el conflicto armado. A pesar del Acuerdo de Paz firmado en 2016, las disidencias armadas han mantenido control territorial en varias zonas del sur del país, alimentadas por economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal.

La falta de presencia institucional sostenida, así como los incumplimientos en los programas de sustitución de cultivos y reincorporación, han facilitado el resurgimiento de la violencia. Hoy, comunidades como las de Charras Boquerón y La Paz están pagando las consecuencias.