El Ministerio de Minas y Energía anunció hoy la aplicación de una sobretasa de $8 por kilovatio hora (kWh) a los estratos 4, 5 y 6, así como a sectores comerciales e industriales en todo el país, con el fin de inyectar $250.000 millones a la empresa Air-e, actualmente bajo intervención estatal. La medida, que entrará en vigor en los próximos meses, ha generado una fuerte polémica, con la Liga Nacional de Usuarios calificándola de “ilegal” y “injusta”, al considerar que el Gobierno está trasladando su responsabilidad financiera a los usuarios.

Un rescate cuestionado: ¿Por qué es ilegal?

El vocero de la Liga Nacional de Usuarios, Norman Alarcón, advirtió que la sobretasa carece de fundamento legal, ya que, según la Constitución, solo el Congreso puede imponer contribuciones o impuestos. Alarcón recordó que en 2022, durante el gobierno de Iván Duque, se intentó aplicar una medida similar (de $4 por kWh), pero fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, obligando al Estado a devolver los recursos recaudados.

“El Gobierno quiere lavarse las manos y que seamos los usuarios quienes paguemos lo que ellos no han gestionado”, declaró Alarcón en una rueda de prensa en Barranquilla. “El viceministro de Energía, Víctor Paternina, argumenta que Air-e está en ‘cuidados intensivos’, pero la solución no puede ser cargarle la factura a los usuarios. El Estado tiene herramientas legales, como el Fondo Empresarial de la Superservicios, creado en 2003 para rescatar empresas intervenidas sin afectar a la ciudadanía”.

Alternativas ignoradas: ¿Por qué no se usa el Fondo Empresarial?

Según líderes gremiales consultados, el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos existe precisamente para evitar que el Estado recurra a los usuarios en casos de crisis en empresas de servicios públicos. Sin embargo, el Gobierno no ha activado este mecanismo, lo que refuerza las críticas sobre una gestión ineficiente.

“El Estado lleva más de un año y medio administrando Air-e y no ha cumplido con su obligación constitucional de solventarla. En lugar de usar los recursos disponibles, prefiere imponer un nuevo impuesto a los usuarios”, denunció Alarcón.

Impacto económico: ¿Quién pagará el costo?

La sobretasa afectará directamente a:

• Hogares de estratos 4, 5 y 6, que verán un aumento significativo en sus facturas de energía.
• Pequeñas y medianas empresas, que ya enfrentan altos costos operativos y ahora deberán asumir un 20% adicional en su tarifa comercial (según la Ley 142 de 1994).

Las estimaciones oficiales indican que el Gobierno recaudará $250.000 millones en 2026 con esta medida, pero los críticos advierten que el impacto en la economía será devastador. “Es una plata grande que dejaría de circular, afectando el consumo y la estabilidad de negocios que aún se recuperan de las altas tarifas de energía del año pasado”, advirtió Alarcón.

Reacciones y próximos pasos

Mientras el viceministro Paternina defendió la medida como una “solución temporal” para evitar un colapso en el servicio, la Liga de Usuarios anunció que presentará acciones legales para frenar el cobro. Además, instó a la sociedad civil, gremios y partidos políticos a oponerse a lo que consideran una carga desproporcionada.

“Esto no solo es ilegal, sino que agrava la crisis económica. El Gobierno debe asumir su responsabilidad y usar los mecanismos legales existentes en lugar de castigar a los usuarios”, concluyó Alarcón.