La Defensora del Pueblo, Iris Marín, denunció el grave deterioro de la situación humanitaria en el Bajo Calima, distrito de Buenaventura, donde más de 4.000 personas han sido afectadas por los enfrentamientos violentos entre el ELN y el Clan del Golfo, que actúa en alianza con el Frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, lideradas por alias Mrodisco.

En una visita realizada junto al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Marín evidenció la crítica situación que atraviesan las comunidades del consejo comunitario de Bajo Calima y el pueblo indígena Wounaan del resguardo Santa Rosa Guayacán. Estas poblaciones habían retornado a sus territorios a mediados de 2024, tras haber estado desplazadas en el casco urbano de Buenaventura, pero las afectaciones persisten y podrían forzar un nuevo desplazamiento.

La Defensoría advirtió que esta crisis había sido alertada previamente en informes de alertas tempranas emitidos desde 2023, señalando el riesgo latente de recrudecimiento del conflicto en la zona. Sin embargo, la violencia no solo se concentra en el Bajo Calima. En el Catatumbo, específicamente en la vereda 20 de Julio del municipio de Tibú, un ataque con drones dejó un saldo trágico: un niño de 12 años fallecido y varios heridos, incluyendo a su madre, cinco menores y tres adultos.

Sobre este hecho, Marín llamó la atención al Frente 33 de las disidencias de las Farc, que se responsabilizó del ataque y ofreció disculpas a la comunidad, aunque advirtió a la población civil contra el uso de sus viviendas para refugiar a integrantes de grupos armados. La Defensora calificó de “inaceptable” que la población sea señalada como responsable de la situación y cuestionó si realmente el Frente 33 está comprometido con el proceso de paz y desarme o si, por el contrario, está escalando su confrontación con el ELN.

En referencia a las negociaciones de paz, Marín recordó que el Frente 33 había acordado su concentración en una Zona de Ubicación Temporal para avanzar hacia su desmovilización, pero los hechos recientes ponen en duda el cumplimiento de dicho compromiso.

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para fortalecer las medidas de protección y asistencia humanitaria a las comunidades afectadas, así como para intensificar las acciones de verificación y seguimiento en las zonas de conflicto.