Colombia registró su peor calificación en dos décadas en el Índice de Democracia 2025 de la Economist Intelligence Unit (EIU), organismo vinculado a The Economist. El país obtuvo un 6.0 sobre 10, el límite entre una democracia defectuosa y un régimen híbrido, lo que representa una caída de 13 puestos en el ranking global y un retroceso de 0.7 puntos desde 2022, cuando Gustavo Petro asumió la presidencia. Este declive, el más pronunciado de América Latina, refleja debilidad institucional, polarización política y un entorno adverso para la prensa y los derechos humanos, según expertos.

Colombia: de democracia defectuosa a régimen híbrido

El informe, publicado anualmente, evalúa 167 países en cinco categorías: democracias plenas, democracias defectuosas, regímenes híbridos, regímenes autoritarios y regímenes autoritarios con elecciones. Colombia, que en 2006 (gobierno de Álvaro Uribe) obtuvo 6.4, ahora roza el autoritarismo, con un puntaje inferior al de naciones como México (6.1) o Brasil (6.3). Este descenso coloca al país en el puesto 73 a nivel mundial, lejos de su posición en 2024 (60) y en el top 10 de América Latina, donde Uruguay (7.8), Costa Rica (7.7) y Chile (7.5) lideran el ranking.

El deterioro se explica por cuatro factores clave, según el análisis de la EIU:

1. Concentración del poder en el Ejecutivo: Petro ha sido criticado por intervenir en instituciones autónomas, como la Fiscalía, la Procuraduría y el Consejo Nacional Electoral, mediante ataques públicos a jueces y organismos de control.
2. Violencia política y ataques a líderes sociales: En 2025, 26 políticos fueron asesinados y hubo 35 intentos de homicidio, según la Misión de Observación Electoral (MOE). Además, 187 líderes sociales perdieron la vida (un 8% más que en 2024), según Indepaz, lo que evidencia la incapacidad del Estado para garantizar derechos básicos.
3. Entorno hostil para la prensa: El informe destaca ataques a periodistas independientes, especialmente aquellos críticos al gobierno, en un contexto donde medios públicos como RTVC difunden narrativas oficiales sin contrapesos.
4. Inestabilidad institucional: Petro ha tenido más de 60 ministros en su mandato, generando baja ejecución de políticas públicas y tensiones con gobiernos regionales, que ven sus programas distorsionados o bloqueados.

¿Qué dice la oposición y los expertos?

El politólogo Guillermo Henao señala que Petro ha erosionado la confianza en las instituciones al promover la idea de que estas solo funcionan si obedecen al Ejecutivo. “Ha instalado la narrativa de que si las cortes o el Congreso no hacen lo que el presidente ordena, simplemente no sirven. Esto profundiza el descrédito de un sistema ya frágil”, afirma.

La violencia electoral también es un factor determinante. El asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay en 2025 y los constantes señalamientos de fraude (desmentidos por observadores internacionales) han generado un clima de desconfianza, clave para entender el retroceso democrático.

El mundo mejora, pero América Latina se estanca

A pesar del declive colombiano, el informe destaca una ligera recuperación global tras una década de retrocesos. Noruega lidera el ranking por 16 años consecutivos, seguido de Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia e Islandia. En América Latina, Paraguay, Bolivia y Uruguay mostraron avances, mientras que Haití y Venezuela figuran entre los peores evaluados.

En contraste, Colombia y Haití son los únicos países de la región en Fase 3 de inseguridad alimentaria (crisis o peor), según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Mientras Haití enfrenta una crisis humanitaria extrema (53% de su población), Colombia registra 6.6 millones de personas en riesgo (12% de su población), un dato alarmante en un país con recursos económicos superiores.

¿Qué sigue para Colombia?

El informe advierte que los regímenes híbridos suelen ser inestables, con altos niveles de corrupción, represión y conflictos internos. Para revertir esta tendencia, expertos recomiendan:

• Fortalecer la independencia judicial y evitar injerencias políticas.
• Garantizar la seguridad de líderes sociales y periodistas.
• Promover transparencia en procesos electorales y reducir la polarización.