El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, presentó este 2 de octubre el informe más reciente de la Misión de Verificación en Colombia, correspondiente al periodo del 27 de junio al 26 de septiembre de 2025. El documento, que será expuesto en Nueva York por Miroslav Jenča, jefe de la misión, destaca avances en justicia transicional y reincorporación, pero advierte sobre persistentes riesgos de seguridad, violencia política y crisis humanitaria.

El informe identifica como el hecho más grave del periodo la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció el 11 de agosto tras sufrir un atentado en Bogotá semanas antes. Seis personas fueron detenidas, incluido un menor de 15 años que confesó su participación. El crimen generó impacto nacional e internacional y reabrió el debate sobre las garantías de seguridad en el contexto electoral.

La ONU reportó que más de 11.000 exintegrantes de grupos armados continúan en procesos de reincorporación, pero persisten los ataques contra esta población. Entre junio y septiembre se registraron 10 asesinatos, dos intentos de homicidio y una desaparición, incluyendo la de una lideresa indígena en Cauca. A ello se suman 48 homicidios de defensores de derechos humanos y líderes sociales documentados por la Oficina de Derechos Humanos, con mayor afectación en comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.

El periodo analizado estuvo marcado por dos ataques de gran magnitud. En Amalfi (Antioquia), un atentado atribuido al ELN dejó 13 policías muertos. En Cali (Valle del Cauca), un ataque del Estado Mayor Central causó seis muertes civiles y más de 70 heridos. Además, en Guaviare, más de 30 militares fueron retenidos por campesinos en medio de operativos contra economías ilícitas, liberación que se logró con acompañamiento de la ONU y la Defensoría del Pueblo.

En cuanto a la justicia transicional, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictó sus primeras sanciones restaurativas. Sin embargo, la ONU advirtió que la falta de financiamiento, la ausencia de proyectos definidos y los retrasos en la normativa ponen en riesgo la implementación plena de estas medidas.

El organismo internacional registró el desplazamiento de 8.700 personas y el confinamiento de 41.800 en 30 municipios de 10 departamentos, principalmente en el Pacífico y el sur de Bolívar. También informó sobre el hallazgo de una fosa común en Calamar (Guaviare) con ocho líderes comunitarios y religiosos asesinados, presuntamente a manos de grupos armados ilegales.

El secretario general instó al Estado colombiano a fortalecer su presencia en los territorios más afectados, garantizar seguridad en el proceso electoral y mantener el respaldo de la comunidad internacional. “Se debe hacer todo lo posible para que Colombia no retroceda, sino que continúe avanzando en este difícil camino hacia una paz duradera”, recoge el documento.

Tras conocerse la entrega del informe, Rodrigo Londoño, firmante del Acuerdo de Paz, criticó la ausencia de la canciller Rosa Yolanda Villavicencio y del vicecanciller Mauricio Jaramillo en la presentación en Nueva York. A través de una publicación en X, afirmó que la inasistencia representa “una clara demostración de lo poco que le importa al gobierno el acuerdo de paz” y pidió mayor compromiso con su implementación.

Con información de bluradio