La Defensoría del Pueblo de Colombia expresó su indignación tras la muerte de siete personas privadas de la libertad en la Estación de Policía de Funza (Cundinamarca) el pasado 16 de septiembre, presuntamente por inhalación de gases. Cinco personas permanecen hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos y tres miembros de la Policía Nacional resultaron afectados.

El organismo de control calificó la tragedia como una “señal de alarma” que evidencia la vulneración sistemática de derechos humanos en los centros de detención transitoria del país. Según la institución, esta problemática afecta a 22.978 personas privadas de la libertad reconocidas por la Corte Constitucional.

La Defensoría señaló que el incidente no puede considerarse un hecho aislado, sino el resultado de fallas estructurales persistentes en el sistema penitenciario colombiano que requieren respuestas inmediatas y coordinadas del Estado.

El pronunciamiento destaca la inacción histórica de entidades territoriales que han incumplido su deber constitucional de construir establecimientos de reclusión y celebrar convenios con el INPEC para traslados oportunos. Esta omisión ha contribuido al hacinamiento y las condiciones indignas en los centros de detención.

La institución exigió al Congreso de la República legislar de manera definitiva sobre competencias penitenciarias y carcelarias. Además, demandó al Gobierno nacional presentar el proyecto de ley concertado con entes territoriales para definir responsabilidades y fuentes de financiación, conforme lo establece la Ley 2197 de 2022.

La Defensoría desplegó acciones de acompañamiento humanitario y jurídico a familiares de las víctimas y sobrevivientes. La entidad verifica el estado físico y emocional de las personas que permanecen detenidas y participa en la coordinación interinstitucional convocada por la Procuraduría General.

El organismo exigió investigaciones prontas, imparciales y transparentes para esclarecer los hechos, establecer responsabilidades y garantizar justicia. Asimismo, demandó información clara y oportuna para las familias, reconociéndolas como víctimas indirectas según la Resolución 02 de 2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Defensoría convocó a EPS, IPS y Policía Nacional a fortalecer la articulación para garantizar condiciones adecuadas de seguridad, custodia y acompañamiento en eventuales traslados médicos a clínicas de mayor complejidad, priorizando la protección de derechos de personas privadas de la libertad y sus familias.

La tragedia de Funza expone nuevamente las precarias condiciones del sistema penitenciario colombiano y la urgente necesidad de reformas estructurales que garanticen el respeto a la vida e integridad de las personas bajo custodia del Estado.