La Defensoría del Pueblo rechazó enérgicamente los atentados ocurridos este jueves en Cali (Valle del Cauca) y Amalfi (Antioquia), atribuidos a grupos armados ilegales, y advirtió sobre la necesidad de redoblar las medidas de protección a la población civil en medio de la creciente violencia.

En Cali, un camión cargado con cilindros bomba explotó en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. La detonación dejó seis civiles muertos, 64 personas heridas y severos daños en viviendas, locales comerciales y vehículos. De acuerdo con la información preliminar, además del camión bomba, dos artefactos fueron lanzados contra la instalación militar, aunque sin mayores consecuencias en la base.

La institución calificó el hecho como una infracción grave al Derecho Internacional Humanitario (DIH), al tratarse de un ataque dirigido principalmente contra civiles. “Estos actos podrían constituir crímenes de guerra”, señaló la entidad.

El organismo recordó que la situación de riesgo en Cali ya había sido advertida en la Alerta Temprana 001 de 2022, la cual documentó la presencia de disidencias de las FARC-EP, estructuras del ELN y organizaciones criminales ligadas al narcotráfico en zonas suburbanas y comunas de la ciudad.

En paralelo, en la vereda Los Trozos, zona rural de Amalfi, un helicóptero de la Policía Nacional que apoyaba labores de erradicación manual de cultivos de coca fue atacado con un dron cargado de explosivos. El atentado dejó ocho policías muertos y al menos ocho heridos.

La Defensoría recordó que la Alerta Temprana 023 de 2022 ya había advertido sobre riesgos similares en Amalfi, Anorí, Remedios, Segovia y Vegachí, donde operan facciones del ELN, disidencias de las FARC-EP, el Clan del Golfo y otras estructuras asociadas a economías ilegales como narcotráfico y contrabando. Entre las conductas reportadas estaban desplazamientos forzados, homicidios selectivos, amenazas, reclutamiento de menores y violencia sexual.

La entidad alertó que el inicio de nuevas operaciones de erradicación de cultivos ilícitos puede incrementar los riesgos tanto para uniformados como para comunidades rurales, por lo que pidió reforzar las medidas de seguridad en las zonas afectadas.

Llamado urgente al Estado

La Defensoría del Pueblo instó al Gobierno colombiano a garantizar una protección real y efectiva a las comunidades, brindar atención integral a las víctimas y sus familias con medidas inmediatas de reparación y acompañamiento psicosocial, y cumplir de forma estricta las recomendaciones contenidas en las alertas tempranas.

Asimismo, pidió que las acciones estatales se desarrollen bajo los estándares internacionales de derechos humanos y el DIH, evitando la normalización de la violencia y asegurando verdad, justicia y sanción contra los responsables.

Finalmente, la entidad subrayó que cualquier respuesta debe enmarcarse dentro de una política de seguridad integral, con enfoque en la seguridad humana, que atienda de manera diferenciada los riesgos en territorios urbanos y rurales.