Un juzgado de Barranquilla ordenó el embargo de $1.478 millones de pesos (aproximadamente $360.000 USD) en bienes y cuentas asociadas al empresario Álex Saab, conocido por su presunta vinculación con redes de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La medida cautelar, dictada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuciones de Sentencias, busca garantizar la recuperación de recursos que, según las autoridades, podrían estar comprometidos en procesos judiciales en curso.

Medidas cautelares contra empresas vinculadas a Saab

La decisión judicial, revelada por Semana, incluye el congelamiento de fondos en cuentas corrientes, de ahorro y otros productos financieros de empresas como Jacadi de Colombia S.A. —dedicada a importación y exportación de textiles— y Shatex S.A., esta última mencionada en investigaciones previas por presunto lavado de activos. Además, se ordenó revisar certificados de depósito a término (CDT), cuentas en el Banco Mundo Mujer y movimientos en la plataforma Nequi, con el fin de evitar la transferencia o uso de los recursos mientras avanza el proceso.

Los fondos embargados deberán ser consignados en la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario de Colombia, bajo custodia de la Oficina de Ejecuciones Civiles del Circuito. Según el fallo, estas medidas son necesarias para asegurar una eventual reparación por los daños económicos atribuidos a las operaciones financieras de las empresas vinculadas a Saab y su exesposa, Cyntia Ceratin Ospina.

Contexto: Saab bajo presión judicial en Colombia y EE.UU.

La medida llega en un momento crítico para el empresario, quien enfrenta nuevos cargos en Estados Unidos por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero vinculado al programa CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) en Venezuela. Según la acusación estadounidense, Saab habría conspirado para ocultar el origen de productos alimenticios subsidiados, presentando documentación falsa que los hacía pasar como importaciones legítimas desde Colombia y México.

Las autoridades estadounidenses también señalan que Saab habría pagado sobornos a funcionarios venezolanos para obtener contratos millonarios entre 2015 y 2019, periodo en el que el programa CLAP fue objeto de múltiples denuncias por sobrecostos, baja calidad de los productos y irregularidades en los procesos de contratación.

Impacto político y económico

Saab, quien durante años fue una figura clave en la estructura económica del régimen de Nicolás Maduro, ha visto erosionarse su influencia tras su deportación a EE.UU. en 2021 y posteriores cambios en la administración venezolana. Aunque inicialmente contó con el respaldo del gobierno venezolano, informes recientes sugieren un distanciamiento con sectores del poder en Caracas, especialmente tras la llegada de Delcy Rodríguez a puestos clave.

En Colombia, donde Saab mantiene intereses comerciales, la medida judicial refuerza la presión sobre su patrimonio. El embargo de $1.478 millones no solo afecta a sus empresas, sino que podría tener repercusiones en otros procesos judiciales aún abiertos en el país.