En un anuncio que profundiza las preocupaciones sobre la seguridad aérea en Colombia, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó este jueves el retiro de dos aviones Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), incluyendo uno involucrado en el fatídico accidente del pasado 23 de marzo en Puerto Leguízamo (Putumayo), que dejó 69 militares muertos y 57 heridos. La decisión, sin embargo, responde a criterios técnicos preestablecidos y no a una medida reactiva tras la tragedia, según aclaró el funcionario.

Retiro por antigüedad y obsolescencia técnica

Sánchez detalló que uno de los aviones ya se encontraba en proceso de desincorporación debido a su avanzada edad: fabricado en 1960 y recibido por Colombia en 1968, superó ampliamente su vida útil operativa. El segundo Hércules será retirado en las próximas semanas tras evaluaciones técnicas que determinaron su incapacidad para mantenerse en servicio por limitaciones en horas de vuelo, desgaste estructural y la imposibilidad de conseguir repuestos a costos razonables.

“No es una decisión tomada ahora por el accidente, sino un proceso riguroso al interior de las fuerzas”, enfatizó el ministro, quien añadió que la obsolescencia de estos equipos —adquiridos en su mayoría en la década de 1960— dificulta su mantenimiento y actualización. “En muchos casos, comprar repuestos o modernizar estas aeronaves no es rentable”, advirtió.

Investigaciones paralelas: ¿Fallos en contratos y mantenimiento?

El anuncio se produce en medio de un escrutinio sin precedentes sobre la flota Hércules. El presidente Gustavo Petro ordenó una indagación interna liderada por el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, para revisar los contratos de adquisición y mantenimiento de estas aeronaves. En 2018, Colombia recibió tres C-130H Hércules de Estados Unidos como donación, un acuerdo que ahora es objeto de análisis.

Idárraga exigió a la FAC y al Ministerio de Defensa un informe detallado que incluya. los términos del acuerdo con EE.UU.; las condiciones técnicas de las aeronaves al momento de su recepción y la identificación de los funcionarios involucrados en su gestión.

“Indagaré a fondo”, declaró el funcionario, quien también solicitó datos sobre los protocolos de mantenimiento y las condiciones de seguridad que permitieron operar equipos con más de medio siglo de antigüedad.

El accidente en Putumayo —uno de los más graves en la historia reciente de la Fuerza Pública— ha reavivado el debate sobre la capacidad operativa de la FAC. Aunque el ministro Sánchez insistió en que el retiro de los Hércules obedece a un plan técnico, críticos señalan que la tragedia expone fallas estructurales en la gestión de la flota aérea militar.

“La obsolescencia de estos aviones no es un secreto, pero la falta de reemplazo oportuno sí es un problema”, comentó un analista de seguridad bajo anonimato. Según datos oficiales, la FAC opera con una flota de Hércules que supera los 50 años de antigüedad, lo que incrementa los riesgos operativos y limita su capacidad de respuesta en misiones críticas.

Mientras las investigaciones avanzan, el Gobierno enfrenta el desafío de garantizar la operatividad de la aviación militar sin comprometer la seguridad. Fuentes consultadas por este medio indicaron que se evalúan alternativas como la compra de aeronaves usadas en el mercado internacional o la renegociación de contratos con fabricantes para actualizar equipos existentes.

Sin embargo, el proceso podría verse afectado por restricciones presupuestales. En 2023, el Ministerio de Defensa destinó solo el 12% de su presupuesto a inversiones en equipos, una cifra que algunos sectores consideran insuficiente para modernizar una flota envejecida.

El retiro de los dos Hércules, sumado a las indagaciones en curso, marca un punto de inflexión en la discusión sobre la aviación militar colombiana. Mientras las familias de las víctimas exigen respuestas, el Gobierno deberá demostrar que las lecciones del accidente en Putumayo no quedarán en papel.