Ante la escasez de recursos para atender la crisis social y económica provocada por las intensas lluvias que azotan a ocho departamentos, el Ejecutivo nacional aprobó el Decreto 0240, que revive dos tributos previamente suspendidos por la Corte Constitucional y establece un nuevo Impuesto Nacional al Consumo del 16 % sobre los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet.

El documento, publicado este lunes, responde a la declaratoria de emergencia en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, donde los fenómenos climáticos dejaron viviendas destruidas, carreteras intransitables y servicios públicos interrumpidos. Según el Ministerio de Hacienda, el Presupuesto General de la Nación 2026 resultó insuficiente después de que el Congreso recortara 10 billones de pesos y rechazara leyes de financiación que pretendían recaudar 16,3 billones.

¿En qué consiste el nuevo gravamen?

El impuesto al consumo grava el depósito de dinero –en efectivo, transferencias o criptoactivos– que el usuario realiza para apostar en plataformas digitales. La base gravable se calcula sobre el ingreso bruto del juego (Gross Game Revenue, GGR), es decir, la suma de todas las apuestas menos los premios entregados en el bimestre correspondiente. El decreto señala que el sector de apuestas en línea posee “elevada capacidad contributiva y crecimiento sostenido”, y que su ausencia de tributación genera una distorsión frente a los juegos presenciales. Además, se argumenta que la actividad es inelástica, por lo que no provocará efectos inflacionarios ni afectará la canasta básica.

Otros tributos reactivados

Junto al gravamen del 16 %, el Ejecutivo restablece el impuesto complementario de normalización tributaria con una tarifa del 19 %. Este tributo recae sobre contribuyentes que, al 1 de abril de 2026, tengan activos omitidos o pasivos inexistentes. La normativa permite declarar y pagar el impuesto antes del 31 de julio de 2026 sin posibilidad de corrección o extemporaneidad, y garantiza que no se generarán comparaciones patrimoniales ni acciones penales por la omisión.

El decreto también amplía el impuesto al patrimonio a establecimientos permanentes y sucursales de entidades extranjeras que superen un patrimonio líquido de 200 000 UVT (aproximadamente 10,5 mil millones de pesos). El primer pago del 50 % debe efectuarse el 30 de abril de 2026 y el resto el 1 de junio, con la opción de registrar el impuesto contra reservas para evitar deterioros artificiales de la rentabilidad.

Medidas de alivio fiscal

Como parte del paquete de choque fiscal, la DIAN podrá reducir sanciones e intereses moratorios a los contribuyentes con obligaciones pendientes al 31 de diciembre de 2025. Las sanciones se reducirán al 15 % si el capital se paga antes del 30 de abril de 2026, mientras que la tasa de interés moratorio quedará en 4,5 % anual. Además, se autoriza la conciliación de litigios contencioso‑administrativos hasta el 30 de junio de 2026, con descuentos entre el 15 % y el 30 % según la instancia.

Reacción de la Corte y del sector privado

La Corte Constitucional había suspendido los Decretos 1390 y 1474 de 2025, que introducían medidas tributarias similares. El Gobierno argumenta que la “adopción de medidas tributarias en una emergencia anterior no impide que el Ejecutivo las utilice nuevamente en una situación excepcional posterior”. Por su parte, representantes de la industria de juegos en línea califican la medida como “una carga adicional que podría afectar la competitividad del mercado colombiano”.

Según la DIAN, la recaudación tributaria en enero de 2026 alcanzó 37,4 billones de pesos, un 14 % más que el mismo mes del año anterior. El nuevo impuesto al consumo y la reactivación de los gravámenes pendientes podrían aportar entre 2 y 3 billones de pesos adicionales, recursos que el Gobierno destinará exclusivamente a financiar la respuesta del Estado de Emergencia.

Con la firma del Decreto 0240, el presidente Gustavo Petro busca equilibrar la urgencia de atender a las comunidades afectadas por las lluvias con la necesidad de mantener la sostenibilidad fiscal del país, mientras el próximo mandatario heredará un déficit histórico comparable al de los años noventa y la pandemia.