La Procuraduría General de la Nación ha ordenado la apertura de una investigación disciplinaria contra el ministro de Transporte, William Fernando Camargo Triana, y otros altos funcionarios del gobierno por presuntas irregularidades en la decisión de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de revocar la concesión portuaria que había sido adjudicada al Grupo Portuario S.A. días antes.

El 23 de diciembre de 2023, la ANI aprobó la solicitud de modificación de las condiciones del contrato de concesión portuaria presentada por el Grupo Portuario S.A. Sin embargo, tan solo cinco días después, el 28 de diciembre, el Consejo Directivo de la ANI, en sesión extraordinaria, decidió unánimemente no aprobar la prórroga y modificación del contrato, declarando la pérdida de fuerza ejecutoria de la resolución emitida.

El Ministerio Público investigará las razones que motivaron esta revocación, ya que el ente de control sostiene que los funcionarios investigados habrían incurrido en falsa motivación al argumentar la posible generación de importantes afectaciones ambientales negativas al territorio de Buenaventura, sin aportar evidencias ni contar con el concepto de la Superintendencia General de Puertos y desconociendo el emitido por el Establecimiento Público Ambiental (EPA), máxima autoridad ambiental en el área urbana y suburbana del distrito.

Además del ministro Camargo Triana, la investigación disciplinaria incluye a la viceministra general (e) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Sandra Yolima Esguerra Castañeda; la viceministra de política y normalización ambiental (e) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; el subdirector general de Prospectiva y Desarrollo Nacional del Departamento Nacional de Planeación, Juan Miguel Gallego Acevedo; la vicepresidenta de Gestión Contractual de la ANI, Carolina Jackeline Barbanti Mansilla; y el vicepresidente de Gestión Contractual y vicepresidente jurídico Ad Hoc de la ANI, Gustavo Adolfo Salazar Herrán.

La investigación busca esclarecer si hubo irregularidades en el proceso de toma de decisiones por parte de las autoridades involucradas en la revocación de la concesión portuaria al Grupo Portuario S.A., después de haber sido inicialmente aprobada.