Ordenan retiro de licencia de operación al Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, donde falleció Valeria Afanador

Por: Redacción Paragrafo

20 junio, 2026

Ordenan retiro de licencia de operación al Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, donde falleció Valeria Afanador

La Gobernación de Cundinamarca ordenó la cancelación de la licencia de funcionamiento del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, ubicado en Cajicá, tras un proceso administrativo que determinó su responsabilidad en el incumplimiento de normas de seguridad educativa, vinculado a la muerte de Valeria Afanador, una estudiante de 12 años cuyo cuerpo fue hallado en agosto de 2025 en un río cercano al colegio. La sanción, consignada en la Resolución N°. 004627 del 19 de junio de 2026, incluye además la imposición de un Plan de Reubicación de Estudiantes y la remisión del caso a la Fiscalía.

Sanción histórica: cierre definitivo por “infracción grave”

Según el documento oficial, la administración departamental declaró administrativamente responsable al colegio —identificado con DANE N° 425128048007 y NIT 832007998-5— y a su rectora, Sonia Ochoa Daza, por violar disposiciones que regulan el servicio público educativo. La sanción principal es la cancelación de la licencia de funcionamiento, que entrará en vigor tras finalizar el calendario académico de 2026.

El gobierno departamental argumentó que el establecimiento no cumplió con sus deberes de protección, cuidado y vigilancia, especialmente en un contexto donde la menor falleció por ahogamiento en un cuerpo de agua cercano. “El colegio debe garantizar condiciones mínimas de seguridad para sus estudiantes, pero en este caso se incumplieron normas esenciales”, señaló un vocero de la Gobernación.

Medidas adicionales: reubicación de alumnos y acción penal

Además del cierre, la resolución obliga a la rectora a presentar un Plan de Reubicación de Estudiantes antes del 31 de octubre de 2026, el cual deberá ser avalado por la Secretaría de Educación de Cundinamarca. Paralelamente, se compulsaron copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación, lo que podría derivar en investigaciones penales por omisión de deberes o negligencia.

El abogado Julián Quintana, representante legal de la familia Afanador, celebró la decisión y reiteró su llamado a investigar penalmente a los responsables. “Este colegio no solo incumplió normas básicas de seguridad, sino que está ubicado a menos de 50 metros del río donde Valeria perdió la vida. Exigimos que la Fiscalía actúe bajo el artículo 25 del Código Penal, que establece la posición de garante de quienes deben proteger a los menores”, declaró Quintana en septiembre de 2025, tras conocerse el hallazgo del cuerpo de la menor.

Reacciones y contexto del caso

La muerte de Valeria Afanador conmocionó a Colombia en 2025. Tras su desaparición, su familia denunció fallas en los protocolos de seguridad del colegio, incluyendo la falta de supervisión en actividades cerca de cuerpos de agua. Aunque el gimnasio argumentó que cumplía con los requisitos legales, las autoridades determinaron que no garantizaba un entorno seguro.

El cierre del Gimnasio Campestre Los Laureles marca un precedente en la responsabilidad de instituciones educativas en casos de vulneración de derechos de menores. Expertos en derecho educativo señalan que esta sanción podría sentar un precedente para futuros casos similares en el país.

Próximos pasos: ¿Qué pasará con los estudiantes?

Hasta el cierre definitivo en 2026, el colegio deberá implementar el Plan de Reubicación, que incluirá la matrícula de los alumnos en otras instituciones. La Secretaría de Educación de Cundinamarca supervisará el proceso para evitar interrupciones en el año lectivo.

Mientras tanto, la familia de Valeria Afanador espera que la Fiscalía avance en las investigaciones para determinar responsabilidades penales. “No solo queremos justicia para Valeria, sino que se garantice que ningún otro niño sufra las mismas consecuencias”, afirmó un familiar bajo anonimato.

La resolución de la Gobernación de Cundinamarca deja en evidencia la urgencia de fortalecer los controles en instituciones educativas, especialmente en zonas con riesgos geográficos como ríos o quebradas. El caso de Valeria Afanador se suma a una serie de alertas sobre seguridad escolar en Colombia, donde la supervisión estatal y los protocolos de prevención siguen siendo temas críticos.