Fiscalía no logra imputar al mayor Muñoz por caso Marelbys Meza: conflicto de jurisdicción aplaza decisión

Por: Elizabeth Montoya

16 abril, 2024

La Fiscalía General de la Nación tenía previsto imputar cargos al mayor Duván Muñoz por su presunta participación en el polémico caso de Marelbys Meza, la exniñera de Laura Sarabia, jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, la audiencia se vio suspendida debido a un conflicto de jurisdicción planteado por la defensa del oficial.

En la diligencia de este martes 16 de abril, los abogados de Muñoz expusieron ante la juez de garantías documentos de la misma Fiscalía donde se resiste a dirimir el conflicto que había sido planteado por la Justicia Penal Militar. Esta última considera que los hechos en cuestión deben ser juzgados por su jurisdicción al estar relacionados con el ejercicio de funciones policiales.

Ante esta situación, la juez decidió suspender la audiencia y tomar un receso hasta el próximo 22 de abril para estudiar a fondo el caso y determinar si procede o no un conflicto de competencias. “La juez dijo que no conocía todos los documentos y correos intercambiados sobre el posible conflicto de jurisdicciones y que, por lo tanto, suspendía la audiencia para estudiar y resolver ese aspecto procesal”, señalaron fuentes judiciales.

Por su parte, el abogado Iván Cancino, defensor de Marelbys Meza, anunció que acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para expresar su posición de que este caso debe permanecer en la justicia ordinaria. “Vamos a acudir en los próximos días ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Justicia Penal Militar no puede ser el reposo de las enormes violaciones de derechos humanos que sufrió Marelbys Meza”, declaró Cancino.

El mayor Muñoz estaba citado para ser imputado por el presunto delito de constreñimiento ilegal, al estar implicado en el procedimiento del polígrafo y las amenazas de enviar a la cárcel a Meza. Otros tres policías también están llamados a juicio por su participación en este hecho.

Si la juez concluye que sí existe un conflicto de competencias, deberá ser la Corte Constitucional la que defina finalmente ante qué jurisdicción se debe llevar a cabo este proceso judicial.