La Corte Constitucional ha asestado un duro golpe a las finanzas del gobierno de Gustavo Petro al declarar inasequible la emergencia económica decretada en diciembre de 2025 (Decreto 1474 de 2025). La decisión, anunciada hace menos de una semana, obliga al Estado a devolver una parte significativa de los 1.65 billones de pesos recaudados durante su vigencia, generando incertidumbre sobre la financiación de programas sociales y obligaciones estatales.

La emergencia económica, justificada por el gobierno para enfrentar la temporada invernal que azotó ocho departamentos, fue declarada inconstitucional bajo el concepto de “inexequibilidad por consecuencias”. Esto significa que, si bien la intención inicial pudo ser válida, la Corte consideró que el decreto excedía los parámetros de la Carta Magna, resultando en una normativa inconstitucional.

Durante el periodo de la emergencia, el gobierno logró captar 1.65 billones de pesos. La mayor parte de estos recursos provino de beneficios tributarios que permitían a declarantes en mora saldar sus deudas con incentivos, atrayendo a cerca de 175.000 contribuyentes. Adicionalmente, 23.800 millones de pesos ingresaron por el impuesto del 1% a la primera importación de carbón e hidrocarburos, y 1.200 millones por el IVA a la importación de licor.

¿Qué dineros se devolverán y cuáles no?

La Corte Constitucional ha diferenciado entre los recursos recaudados. Por un lado, el gobierno podrá retener 1.63 billones de pesos correspondientes a los pagos realizados por contribuyentes que se acogieron a los beneficios tributarios. La decisión del alto tribunal fue mantener “incólumes las situaciones jurídicas consolidadas” para quienes cumplieron las condiciones exigidas.

Sin embargo, el Estado deberá devolver 25.000 millones de pesos. Este monto corresponde a los impuestos directos, aquellos que consideran la capacidad económica del contribuyente, como el impuesto al patrimonio, y que no fueron objeto de declaración, liquidación o cobro por parte de la Dirección Nacional de Aduanas e Impuestos (DIAN).

Reacción del Gobierno y Futuras Implicaciones

La respuesta del presidente Gustavo Petro no se hizo esperar. El mandatario expresó su preocupación sobre cómo el gobierno conseguirá cerca de 480 billones de pesos para cumplir con obligaciones esenciales del Estado, como la reparación a las víctimas. Petro enfatizó que “no serán los pobres quienes tengan que pagar la crisis” y advirtió que la desigualdad y la violencia amenazan con socavar la construcción de un Estado social de derecho.

Esta decisión judicial plantea un desafío significativo para la administración Petro, que ahora deberá reevaluar sus estrategias de financiación y buscar alternativas para cubrir el déficit generado por la anulación de la emergencia económica. La devolución de estos fondos podría impactar directamente en la ejecución de proyectos y programas sociales, generando un debate nacional sobre la sostenibilidad fiscal y la interpretación de los poderes ejecutivos en situaciones de crisis.