Un año después del atentado que acabó con la vida del entonces precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación apuntan a que la estructura criminal responsable del crimen fue la disidencia guerrillera de las Farc conocida como la Segunda Marquetalia. El caso ha dejado hasta ahora varias condenas, órdenes de captura vigentes y nuevas líneas de investigación que buscan establecer quién dio la orden final para ejecutar el ataque.

El 7 de junio de 2025, hacia las 6:15 de la tarde, Uribe Turbay participaba en un encuentro con simpatizantes y líderes comunitarios en el parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. En medio de la actividad, un adolescente de 14 años se infiltró entre los asistentes y abrió fuego contra el dirigente político.

Dos proyectiles impactaron al entonces senador: uno en la cabeza y otro en una pierna. Aunque fue trasladado de urgencia a un centro asistencial y logró ser estabilizado inicialmente, días después falleció debido a la gravedad de las heridas.

Cuatro condenados y más procesados por el crimen

Las autoridades establecieron rápidamente que el menor no actuó por cuenta propia y que detrás del atentado existía una estructura criminal organizada.

Hasta el momento, cuatro personas han sido condenadas por su participación en el asesinato. El adolescente que disparó recibió una sanción de siete años de privación de la libertad, la máxima permitida por la legislación colombiana para menores de edad, tras ser hallado responsable de homicidio y porte ilegal de armas.

También fueron condenados Katherine Andrea Martínez, conocida con el alias de “Gabriela”, sentenciada a 21 años y dos meses de prisión, y Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, quien recibió una pena de 22 años de cárcel.

A ellos se suma Carlos Eduardo Mora González, señalado de participar en la logística y transporte de los involucrados en el atentado, quien fue condenado a 21 años de prisión.

La Fiscalía también avanza en el proceso contra Harold Daniel Barragán Ovalle, presunto integrante de la organización criminal denominada “Plata o Plomo”. Según los investigadores, habría intervenido en la planeación del atentado, realizado labores de inteligencia sobre la víctima y participado en el reclutamiento del menor que ejecutó el ataque.

La pista de la Segunda Marquetalia

Paralelamente, la investigación mantiene abiertos procesos contra Elder José Arteaga Hernández, William Fernando González Cruz y Cristian Camilo González Ardila. Además, el ente acusador ha emitido siete órdenes de captura contra integrantes de la Segunda Marquetalia que, según la hipótesis principal del caso, estuvieron vinculados con la ejecución del crimen.

La línea investigativa más sólida señala como posible determinador del asesinato a Zarco Aldinever, uno de los jefes de esa organización armada ilegal.

De acuerdo con la Fiscalía, una de las motivaciones que se estudian estaría relacionada con antiguos hechos de violencia contra la familia Turbay Cote en el departamento del Caquetá durante las décadas de 1980 y 1990.

La fiscal Deicy Jaramillo explicó recientemente que existe una sentencia judicial que responsabilizó al entonces Estado Mayor de las Farc por hechos que afectaron a integrantes de esa familia y que en dicha decisión quedó consignado que los Turbay habían sido declarados objetivo militar por la organización insurgente.

Según la funcionaria, varios de los excomandantes señalados en esa sentencia hacen parte actualmente de la Segunda Marquetalia, lo que ha fortalecido esta hipótesis dentro de la investigación.

Persisten interrogantes sobre los autores intelectuales

Pese a los avances judiciales y las condenas ya obtenidas, las autoridades sostienen que la investigación continúa abierta para establecer con precisión toda la cadena de responsabilidades detrás del atentado.

En ese contexto, María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, reveló recientemente que la Fiscalía no ha descartado otras hipótesis relacionadas con posibles determinadores del crimen. Entre ellas figura una línea de investigación que busca esclarecer si existió participación de terceros actores políticos.

Sin embargo, hasta el momento no se han presentado decisiones judiciales ni elementos probatorios concluyentes que vinculen a funcionarios del Gobierno nacional con el asesinato, por lo que esa posibilidad permanece únicamente en etapa de verificación dentro del proceso investigativo.

El asesinato de Miguel Uribe Turbay sacudió el escenario político colombiano en plena carrera presidencial de 2025 y reabrió el debate sobre las garantías de seguridad para los líderes políticos en el país.