Una mujer de 52 años falleció luego de someterse a un procedimiento de liposucción en un establecimiento que, según la Secretaría Distrital de Salud, operaba de manera clandestina en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, y no contaba con autorización para prestar servicios médicos.

La víctima fue identificada como Adriana Manotas, quien ingresó al lugar sobre las 6:00 de la mañana para practicarse la intervención estética. Horas después, debido a complicaciones durante el procedimiento, fue retirada del establecimiento por su pareja y trasladada de urgencia a un centro asistencial cercano.

Pese a los esfuerzos del personal médico, la paciente falleció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio fulminante.

Testigos del sector relataron que observaron la llegada de ambulancias al inmueble y aseguraron que la mujer salió del lugar en estado crítico antes de ser remitida al hospital.

Tras conocerse el caso, la Secretaría de Salud de Bogotá confirmó que el establecimiento funcionaba bajo el registro comercial de una peluquería y no estaba habilitado para realizar procedimientos quirúrgicos ni prestar servicios de salud.

De acuerdo con la entidad, el lugar tampoco contaba con avisos exteriores, identificación visible o los permisos exigidos por la normativa para el funcionamiento de centros médicos o de cirugía estética.

Las primeras verificaciones también establecieron que la representante legal del establecimiento no figura como talento humano habilitado en salud para practicar este tipo de intervenciones.

Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte de Adriana Manotas y establecer posibles responsabilidades penales y administrativas.

A este proceso se suman denuncias de residentes del sector, quienes afirmaron que desde el inmueble se retiraban de manera frecuente residuos orgánicos en contenedores que posteriormente eran cargados en vehículos especializados, una situación que, según indicaron, había generado inquietud entre los vecinos.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales y de los organismos de inspección y vigilancia, que deberán establecer si el establecimiento incumplía las normas sanitarias y si se configuraron irregularidades en la prestación del procedimiento estético que terminó con la muerte de la paciente.

Segundo caso en menos de dos meses

El caso de Adriana Manotas ocurre pocas semanas después de otro hecho que generó conmoción nacional: la muerte de Yulixa Tolosa, una mujer de 52 años que desapareció el pasado 13 de mayo tras someterse a un procedimiento estético en un establecimiento que operaba bajo la fachada de una peluquería en el sur de Bogotá. Días después, su cuerpo fue hallado y las investigaciones revelaron una presunta red de centros clandestinos que ofrecían cirugías sin cumplir los requisitos legales.

Tras ese caso, la Secretaría Distrital de Salud intensificó los operativos de inspección y vigilancia contra establecimientos que realizan procedimientos estéticos sin habilitación. Según las autoridades, una parte importante de las denuncias por mala praxis corresponde a centros clandestinos que funcionan bajo fachadas comerciales, cambian de ubicación o reabren con nuevas razones sociales después de ser sellados.

Las autoridades sanitarias han reiterado el llamado a la ciudadanía para verificar, antes de someterse a cualquier cirugía o procedimiento invasivo, que tanto el establecimiento como el profesional se encuentren debidamente habilitados en los registros oficiales. También recomiendan desconfiar de procedimientos ofrecidos a precios muy inferiores al mercado, promociones permanentes o intervenciones realizadas en inmuebles que no cuentan con infraestructura hospitalaria adecuada.

Para la Secretaría de Salud, estos casos evidencian los riesgos de acudir a centros estéticos clandestinos, donde la falta de controles, personal calificado y condiciones sanitarias puede poner en peligro la vida de los pacientes. Tras la muerte de Yulixa Tolosa, el Distrito reforzó las inspecciones y reiteró que continuará cerrando establecimientos que operen al margen de la normativa sanitaria.