La Fiscalía General de la Nación puso al descubierto un presunto esquema criminal tras la famosa cadena de ropa femenina ‘Lili Pink’, el cual habría permitido el ingreso de recursos ilícitos y mercancía de contrabando al país. El caso cobra relevancia por la magnitud de los hallazgos financieros y las maniobras utilizadas para ocultar el origen del dinero.

Según las autoridades, la investigación evidenció un entramado empresarial conformado por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, diseñado para simular operaciones legales. A través de este sistema, se introducían productos como prendas de vestir, juguetes y cosméticos, que luego eran comercializados en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito.

Uno de los principales hallazgos documentados por la Fiscalía es el presunto lavado de activos por una suma cercana a los 730.000 millones de pesos, acompañado de un enriquecimiento ilícito que superaría los 430.000 millones. A esto se suman operaciones de contrabando estimadas en más de 75.000 millones de pesos, lo que evidencia la dimensión del esquema investigado.

Las pesquisas también permitieron establecer que la organización habría implementado estrategias para evadir controles aduaneros y financieros, como la fragmentación de transacciones, la simulación de vínculos comerciales y el uso de empresas fachada, dificultando la trazabilidad del dinero dentro del sistema económico.

En el desarrollo de la investigación, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales realizó aprehensiones y decomisos de mercancía avaluados en más de 54.000 millones de pesos, lo que refuerza las evidencias sobre el ingreso irregular de productos al país.

Como resultado de estos hallazgos, un juez de control de garantías en Bogotá emitió órdenes de captura contra varios presuntos responsables, mientras avanza su judicialización. De manera paralela, la Fiscalía impuso medidas cautelares sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad, bienes que quedaron bajo proceso de extinción de dominio.

Las diligencias de ocupación se realizaron en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos con apoyo del Ejército Nacional, reflejando el alcance nacional de la red investigada. Entre tanto, los establecimientos intervenidos continuarán operando bajo supervisión estatal mientras se define su situación jurídica.