Un informe técnico de la Asocapitales encendió las alarmas sobre la seguridad de los mandatarios locales en Colombia, al revelar que al menos 11 alcaldes de ciudades capitales han sido víctimas de amenazas, alertas de atentados o situaciones de riesgo entre enero de 2024 y el 21 de abril de 2026.

El documento también registra más de ocho casos adicionales que involucran a funcionarios públicos, equipos técnicos y personal administrativo, lo que evidencia que el fenómeno no se limita a los jefes de gobierno local, sino que afecta a toda la estructura institucional en distintas regiones del país.

Según el análisis, estas situaciones no corresponden a hechos aislados, sino a un patrón recurrente de intimidaciones que incluyen amenazas directas y posibles planes de atentado. Los casos se han presentado en ciudades como Cúcuta, Cartagena y Florencia, mientras que en Medellín, Barranquilla y Cali se han identificado presuntos planes de ataque. En Bogotá, el informe advierte sobre alertas relacionadas con la seguridad institucional.

El impacto de estas amenazas se extiende a secretarios de despacho, equipos operativos y comisarías de familia, quienes han sido objeto de presiones e intimidaciones en el ejercicio de sus funciones. Esta situación, advierte el informe, genera restricciones en la implementación de políticas públicas, limita el trabajo en territorio y afecta la coordinación de los equipos de gobierno.

Asocapitales también identificó una posible relación entre las amenazas y decisiones administrativas adoptadas por las autoridades locales, especialmente aquellas relacionadas con operativos contra estructuras criminales, control del espacio público y acciones frente a economías ilegales como el microtráfico y la extorsión.

Para el director ejecutivo del gremio, Andrés Santamaría, estas intimidaciones deben entenderse como un problema institucional. Según explicó, no solo afectan a los funcionarios directamente amenazados, sino que comprometen la capacidad del Estado para ejercer autoridad en los territorios y garantizan un entorno propicio para la presión de intereses ilegales.

El informe advierte que este panorama representa un riesgo para la autonomía de las autoridades locales, el desarrollo de las políticas públicas y la confianza ciudadana en las instituciones, además de tener implicaciones directas sobre la gobernabilidad y el funcionamiento de la democracia a nivel territorial.

Ante este escenario, el gremio hizo un llamado al Gobierno Nacional para fortalecer los esquemas de protección de la Unidad Nacional de Protección, mejorar las capacidades de inteligencia y priorizar las investigaciones en la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, propuso la creación de un protocolo nacional de atención y un sistema centralizado de seguimiento que permita monitorear los riesgos de seguridad que enfrentan alcaldes y funcionarios en todo el país.