La Nueva EPS, una de las entidades promotoras de salud (EPS) más grandes del país, cumple dos años bajo intervención estatal sin que se evidencien avances significativos. Por el contrario, las denuncias de usuarios por fallas en la prestación de servicios médicos se han multiplicado, mientras el Gobierno de Gustavo Petro debate si extender la medida o replantear su estrategia. La llegada del exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, como nuevo interventor —anunciada este jueves— llega en un contexto de incertidumbre institucional, acusaciones de irregularidades en la transferencia de acciones y una escalada de tutelas por falta de medicamentos y tratamientos.

Intervención sin resultados: de “ensayo y error” a crisis humanitaria

Desde que el Gobierno asumió el control de la Nueva EPS en abril de 2023, la entidad ha sido escenario de cambios constantes en su dirección. Según analistas, la falta de una hoja de ruta clara ha profundizado los problemas: las tutelas presentadas contra la EPS aumentaron un 44% en un año, pasando de 358.326 en 2024 a 518.196 en 2025, según datos de la Superintendencia de Salud. Peor aún, la Defensoría del Pueblo reveló que más de 120.000 de estas tutelas ni siquiera han sido revisadas, acumuladas en el correo de la entidad sin respuesta.

El panorama se agrava con la falta de entrega de medicamentos y la interrupción de tratamientos, especialmente para pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, cáncer, VIH o hipertensión. Néstor Álvarez, presidente de la organización Pacientes de Alto Costo, advirtió que estas fallas no son recientes, pero se han intensificado bajo la intervención estatal. “Se está violando un derecho humano. A diario mueren pacientes por falta de medicamentos, pero en Colombia nadie lo visibiliza”, declaró.

Acusaciones de irregularidades en la transferencia de acciones

La crisis de la Nueva EPS se extiende más allá de lo operativo. El senador electo Andrés Forero denunció este viernes presuntas irregularidades en la adquisición del 51% de las acciones de la entidad por parte del Gobierno, lograda el 14 de noviembre de 2025. Según Forero, el proceso habría sido manipulado, con la participación del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el presidente Petro.

El argumento central gira en torno a la transferencia de acciones de cajas de compensación familiar —como Comfenalco Antioquia, Colsubsidio y Cafam— al Ministerio de Hacienda. Forero señaló que el interventor de Comfenalco Antioquia (intervenida desde septiembre de 2023 por desvío de $10.000 millones) habría facilitado este traspaso. “El Gobierno actuó al margen de la ley para tomar el control de la EPS”, afirmó.

¿Extender la intervención o cambiar de estrategia?

La prórroga de la intervención de la Nueva EPS, que venció el 3 de abril, sigue en discusión. Aunque el decreto de extensión aún no se ha firmado, fuentes cercanas al Gobierno revelaron tensiones entre la consejera presidencial Luz María Múnera y el presidente Petro sobre los términos de la medida. Múnera, quien también ha sido interventora ad hoc, enfrenta limitaciones por su estado de salud, según informes.

Mientras tanto, el nombramiento de Jorge Iván Ospina como nuevo interventor —tras el sonado caso de Daniel Quintero— genera escepticismo. Ospina, exalcalde de Cali, carece de experiencia en el sector salud o en cajas de compensación, lo que alimenta dudas sobre su capacidad para revertir la crisis.

Usuarios abandonan la EPS: más de 200.000 en cinco meses

La desconfianza en la Nueva EPS se refleja en cifras: más de 200.000 usuarios se han retirado en los últimos cinco meses, según datos internos. Muchos optan por migrar a otras EPS, mientras otros denuncian que, incluso al cambiar de entidad, enfrentan barreras para acceder a sus historiales médicos o continuar tratamientos.

La Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Salud y organizaciones de pacientes exigen acciones urgentes, incluyendo la garantía de medicamentos y la revisión de las tutelas pendientes. Mientras el Gobierno debate el futuro de la intervención, los pacientes —especialmente los más vulnerables— siguen a la espera de soluciones.