La minería ilegal de oro en Colombia se ha convertido en el negocio criminal más rentable del país, superando incluso al narcotráfico. Según un informe de inteligencia revelado por El Tiempo, este flagelo genera ingresos proyectados en 8.414 millones de dólares para 2025, mientras destruye más de 94.000 hectáreas de selva y contamina 1.120 ríos, con graves impactos ambientales y sociales.

El documento, basado en datos de inteligencia y análisis de autoridades, destaca que el 85% de la producción nacional de oro tiene origen ilegal, impulsado por grupos armados como el ELN, el Clan del Golfo, disidencias de “Iván Mordisco” y la Segunda Marquetalia. Estas organizaciones controlan extensas zonas, especialmente en departamentos con débil presencia estatal, donde el precio internacional del oro —que ronda los 162 dólares por gramo— incentiva el contrabando y la explotación ilícita.

Devastación ambiental y riesgos para la salud

Uno de los mayores daños es la contaminación por mercurio, utilizado en la extracción artesanal. Ríos como el Amazonas, Atrato, Cauca, Putumayo y Mira sufren graves afectaciones, poniendo en riesgo la biodiversidad y la salud de comunidades ribereñas. Según el informe, el 85% de la producción nacional de oro proviene de actividades ilegales, lo que agrava la crisis ambiental en regiones como Chocó, Amazonas y Putumayo, donde el acceso es limitado y la supervisión estatal es casi inexistente.

Las modalidades de extracción incluyen:

• Minería a cielo abierto: Deja grandes superficies degradadas.
• Socavones subterráneos: Peligrosos y sin regulación.
• Dragado de ríos: Con maquinaria pesada que altera los ecosistemas.

Economía criminal: ganancias millonarias para grupos armados

El informe revela que los ingresos de la minería ilegal se distribuyen entre estructuras delictivas. Por ejemplo, en el corredor Antioquia-Sur de Bolívar-Córdoba, las ganancias mensuales superan los 47 millones de dólares, de los cuales:

• El Clan del Golfo obtiene alrededor de 33 millones.
• El ELN y el Estado Mayor Central reciben 7 millones cada uno.

Otras regiones clave, como Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca, también son focos de este negocio ilícito, con redes criminales que operan a nivel nacional e internacional.

Fracaso parcial de las acciones estatales

Aunque las autoridades han intensificado operativos, los resultados son desiguales. En el primer trimestre de 2026, las capturas por minería ilegal cayeron un 20% (de 290 a 231 casos), mientras que la incautación de combustible —esencial para las operaciones— disminuyó un 28%. Sin embargo, hubo avances en la confiscación de maquinaria:

• Dragas: Aumentaron un 87% (de 110 a 206 unidades).
• Maquinaria amarilla y motores: Se decomisaron 111 y 820 unidades, respectivamente.
• Drones: Se incautaron 11, usados para monitorear actividades ilegales.

A pesar de estos esfuerzos, la lucha contra la minería ilegal enfrenta desafíos, como la reducción en incautaciones de coltán y bocaminas, debido a la alta movilidad y organización de los grupos armados.

La minería ilegal no solo financia a grupos criminales, sino que también destruye ecosistemas, amenaza la seguridad y profundiza la desigualdad. Expertos señalan que, sin una estrategia integral que combine control militar, fiscalización ambiental y desarrollo económico alternativo, el problema seguirá creciendo.