En un hecho sin precedentes en la justicia colombiana, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a tres altos mandos de las disidencias de las Farc que operan desde la clandestinidad. La audiencia, realizada de manera virtual ante un juez de control de garantías en Cúcuta, marcó un hito al llevarse a cabo con los acusados conectados desde un campamento en la selva, vestidos con prendas de camuflaje y pañoletas, mientras escuchaban las acusaciones a través de audífonos.

Los imputados son Javier Alonso Velosa García, alias Jhon Mechas, cabecilla del Bloque Magdalena Medio, y los jefes político y financiero del autodenominado Frente 33, Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrey Avendaño, y Farby Edison Parra Parra, alias Richard. Según la Fiscalía, estos comandantes habrían ordenado a sus estructuras armadas confrontar al ELN para tomar el control territorial en municipios del Catatumbo, desatando una crisis humanitaria que desplazó a más de 60.000 personas en enero de 2025.

Estrategia criminal y consecuencias en la región

La investigación reveló que los disidentes buscaban consolidar su dominio mediante el uso de armas y el control de economías ilegales en Tibú, El Tarra, Teorama y Hacarí, en Norte de Santander. Como resultado, entre enero y abril de 2025, las autoridades documentaron 37 homicidios, 31 casos de reclutamiento ilícito de menores y desplazamientos forzados, generando un clima de terror en la zona.

El fiscal a cargo, adscrito a la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales, imputó a los tres cabecillas los delitos de homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito y concierto para delinquir agravado. Ninguno de los acusados aceptó los cargos.

Un proceso judicial sin precedentes

La Fiscalía destacó que la actuación se enmarca en la Directiva 003 de 2025, que permite avanzar en procesos judiciales contra integrantes de grupos armados, incluso cuando tengan suspendidas órdenes de captura en el marco de acercamientos de paz. Según la entidad, los investigados pueden ser citados a audiencias a través de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, sin que ello afecte su libertad personal, mientras continúan las investigaciones.