La Defensoría del Pueblo alertó sobre la grave crisis humanitaria que enfrenta la subregión del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, donde los enfrentamientos entre grupos armados ilegales han provocado más de 78.000 desplazamientos forzados durante 2025. Municipios como Tibú y El Tarra figuran entre los más afectados por un conflicto persistente que ha generado desplazamientos masivos, confinamientos prolongados, amenazas a la población civil y reiteradas vulneraciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Ante el deterioro de la situación, el organismo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2025, en la que advierte sobre el recrudecimiento de la violencia derivada de los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN)*y las disidencias de las extintas Farc, específicamente el Frente 33 y el Bloque Magdalena Medio. La Defensoría señaló que el ELN mantiene control territorial en amplias zonas rurales, donde confluyen economías ilegales, débil presencia estatal y una estructura de poder paralelo que impone restricciones de movilidad, normas de conducta y mecanismos de coerción social sobre las comunidades.

En este contexto, el informe advierte sobre los riesgos asociados a la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) autorizada en mayo por el Gobierno nacional para miembros del Frente 33 en el municipio de Tibú. Aunque la medida fue prorrogada el 23 de diciembre, la Defensoría indicó que aún no existen los protocolos necesarios para su funcionamiento. Según el organismo, la persistencia del conflicto armado en la zona hace inviable esta iniciativa y podría incrementar los riesgos humanitarios para las comunidades cercanas.

Los hechos registrados en las últimas semanas han agravado la situación. Desde el 14 de diciembre, se reportan nuevos enfrentamientos en Tibú y El Tarra que han dejado decenas de familias desplazadas y miles de personas confinadas. En el corregimiento de Pachelli, alrededor de 1.500 familias, equivalentes a unas 6.000 personas, permanecen sin acceso a alimentos ni servicios básicos debido a los combates y a un paro armado impuesto por el ELN.

Asimismo, en la vereda Kilómetro 16, al menos 223 personas se vieron obligadas a abandonar sus viviendas, mientras que en el sector de Filo Gringo los ataques con drones han dejado incomunicadas a varias comunidades rurales, dificultando el acceso de misiones humanitarias y de atención médica.

La Defensoría del Pueblo advirtió también que las alcaldías de Cúcuta y Tibú no cuentan con la capacidad operativa ni presupuestal para responder de manera adecuada a la emergencia, debido al vencimiento de contratos del personal de atención y del operador logístico. La falta de condiciones de seguridad en el territorio ha impedido verificar de forma directa nuevos desplazamientos, por lo que se presume un subregistro significativo de víctimas.

Ante este panorama, el organismo hizo un llamado al Gobierno nacional y a las autoridades locales para fortalecer las rutas de atención humanitaria, garantizar el envío inmediato de ayuda y activar corredores humanitarios hacia las zonas más afectadas. También instó a los grupos armados ilegales a cesar las hostilidades y respetar el DIH, con el fin de evitar un mayor impacto sobre la población civil.

A esta alerta se sumó el pronunciamiento de cerca de 28 organizaciones sociales del Catatumbo, que advirtieron sobre una escalada reciente de la crisis humanitaria, con nuevos desplazamientos, cierres de vías, presencia de artefactos explosivos y bloqueos a misiones médicas. Las organizaciones señalaron que la situación, advertida desde noviembre por la mesa humanitaria, pone en alto riesgo a comunidades campesinas e indígenas, especialmente a niñas, niños, personas mayores y líderes sociales.

La crisis humanitaria en el Catatumbo se intensificó desde el 16 de enero de 2025 y, según las alertas emitidas, continúa sin una respuesta integral que logre contener sus efectos sobre la población civil.

Con información de bluradio