La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que adelante investigaciones penales contra 11 altos funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Entre los nombres señalados se encuentra el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien deberá ser investigado por la Fiscalía junto con otros altos funcionarios del Ejecutivo.

Los exministros que aparecen en el expediente son Mauricio Lizcano (exministro de las TIC y precandidato presidencial), Gloria Inés Ramírez (exministra de Trabajo), Luis Fernando Velasco (exministro del Interior), Diego Guevara (exministro de Hacienda) y Ricardo Bonilla (exministro de Hacienda).

También figura Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien ya había sido imputado previamente por la Fiscalía. González es señalado de haber convocado un “cónclave” en Casa de Nariño donde se habrían reunido los ministros mencionados junto con el entonces director de la UNGRD, Olmedo López.

Según las investigaciones de la Corte Suprema, en esta reunión se habría planeado la entrega de dineros a los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, así como la distribución de proyectos entre congresistas de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Los funcionarios adicionales que serán investigados incluyen a Andrea Ramírez (exasesora del Ministerio de Hacienda), Jaime Ramírez Cobo (exasesor de Presidencia), Kevin Fernando Henao (exdirector de Asuntos Legislativos del Ministerio del Interior) y Alba Nury Martínez (exasesora y secretaria del Ministerio de Hacienda).

Esta compulsa de copias surge de la investigación que la Corte adelanta contra seis congresistas: Liliana Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo, Wadith Alberto Manzur, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrith Manrique y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera.

Según el Alto Tribunal, los investigados habrían aprovechado su posición en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) para emitir conceptos favorables respecto de operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de contratos de la UNGRD.

El acuerdo habría incluido la tramitación de proyectos específicos en los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar), como dádivas por avalar los conceptos de operaciones de crédito.

Una de las pruebas documentales indica que entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre de 2023, la CICP emitió 13 de los 18 conceptos que el Ministerio de Hacienda presentó durante ese año.

El caso UNGRD se ha convertido en el mayor escándalo de corrupción que enfrenta el gobierno de Gustavo Petro. Las investigaciones han revelado un presunto modelo de corrupción que también se habría replicado en el Instituto Nacional de Vías (Invías).

Recientemente, una jueza revocó el acuerdo de colaboración con la justicia del más importante testigo del caso, Olmedo López, exdirector de la UNGRD, lo que podría afectar el desarrollo de las investigaciones.

La ampliación del caso continúa comprometiendo a figuras cercanas al Ejecutivo, mientras la Fiscalía deberá determinar la responsabilidad penal de los funcionarios señalados por la Corte Suprema de Justicia en este complejo entramado de presunta corrupción que involucra recursos públicos destinados a la gestión del riesgo de desastres.

 

 

 

Con información de caracol radio y bluradio