La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Juan José Benavides Velasco, señalado como uno de los principales articuladores del modelo ilegal de inversión en criptomonedas conocido como Daily Cop, un esquema que operó en Colombia entre 2019 y 2022 y que habría servido para lavar más de 126.702 millones de pesos.

De acuerdo con la investigación, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos estableció que Benavides Velasco lideraba una red de personas naturales y jurídicas que se habrían concertado para realizar operaciones ilícitas de captación de dinero y blanqueo de capitales.

El modelo prometía rendimientos que oscilaban entre el 0,5 % y el 12 % sobre el monto total invertido, lo que atrajo a decenas de ciudadanos. Para generar confianza, los promotores del esquema utilizaron estrategias publicitarias masivas, como vallas en espacios públicos, eventos promocionales y difusión en redes sociales.

Hasta el momento, se han identificado al menos 150 víctimas que denuncian pérdidas superiores a 8.000 millones de pesos. La Fiscalía indicó que estas personas fueron persuadidas mediante falsas promesas de rentabilidad y el respaldo aparente de una plataforma basada en activos digitales.

Bienes adquiridos con dinero ilícito

El ente acusador reveló que, en 2022, Benavides Velasco habría utilizado parte de los recursos captados para adquirir un lujoso inmueble y un vehículo de alta gama, bienes que no corresponden a su capacidad económica ni a sus ingresos reportados. Estos elementos fueron clave para sustentar los cargos en su contra.

Benavides Velasco fue acusado por concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, delitos que, según la ley colombiana, contemplan penas superiores a los 10 años de prisión, además de cuantiosas multas económicas.

El caso ha encendido las alarmas sobre los riesgos de las inversiones en plataformas digitales no reguladas y la falta de controles para prevenir esquemas piramidales basados en criptomonedas.

Las autoridades continúan investigando si existen más personas vinculadas a esta estructura y no descartan nuevas imputaciones en los próximos meses. Asimismo, se analiza la posibilidad de incautar bienes adquiridos con recursos ilícitos para reparar a las víctimas.