La Procuraduría General de la Nación formalizó una investigación disciplinaria contra tres altos funcionarios de Ecopetrol por presuntas irregularidades en un contrato con la firma estadounidense Covington & Burling que escaló de 875.000 dólares a casi 6 millones de dólares.

Los investigados son Alberto José Vergara, director de cumplimiento de la petrolera estatal; Felipe Rivera, vicepresidente de Ciencia, Tecnología e Innovación; y Ludwig Wilson Mejía, funcionario de la Gerencia de Abastecimiento.

El polémico convenio fue suscrito inicialmente en agosto de 2024 para evaluar el impacto reputacional de las investigaciones contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Sin embargo, mediante un otrosí firmado el 31 de diciembre del mismo año, el valor se multiplicó por más de seis veces su costo original.

Según la Procuraduría, las irregularidades incluyen “presuntas anomalías en la planeación, celebración y ejecución del contrato”, especialmente en la metodología utilizada para seleccionar al contratista y en la solicitud del otrosí que modificó sustancialmente el alcance contractual.

El proceso comenzó el 26 de junio de 2024, cuando el Comité de Auditoría y Riesgos recomendó a la Junta Directiva contratar una firma especializada ante el vencimiento del contrato con Miller, que culminaba el 30 de septiembre.

Alberto José Vergara solicitó cotizaciones a tres firmas: Covington & Burling, Shearman & Sterling y Arnold & Porter Kaye Scholar. Según las actas, Covington & Burling fue seleccionada por ofrecer plazos más cortos y costos menores.

El 29 de agosto se firmó el contrato inicial por 875.000 dólares, que contemplaba “la ejecución completa de todas las fases contractuales y entregables contenidos en las especificaciones técnicas”.

El punto de inflexión llegó el 26 de septiembre, cuando el Comité de Auditoría y Riesgos solicitó a la firma finalizar el estudio sobre “eventuales escenarios de riesgo ante la SEC relacionados con aspectos reputacionales del presidente de Ecopetrol”.

El 26 de diciembre, Vergara solicitó a Ludwig Wilson Mejía la firma del otrosí que elevó el contrato a casi 6 millones de dólares. Esta modificación incluyó una cláusula para gastos reembolsables por 575.000 dólares adicionales y amplió el alcance para incluir “actividades investigativas”.

En enero de 2025, cuando Covington & Burling solicitó que Ricardo Roa entregara sus equipos electrónicos de trabajo, la Junta Directiva consideró “desmedida la petición”. Esta solicitud, aunque estaba respaldada por el otrosí, no contaba con el conocimiento de la comisión especial de seguimiento.

Como resultado, la Junta recomendó que la firma culminara el estudio inicial y suspendiera temporalmente las actividades ordenadas en la modificación contractual del 31 de diciembre.

La Procuraduría escuchó en versión libre a Alberto José Vergara este miércoles y tiene programadas declaraciones de los otros investigados. Además, se ordenó el testimonio de Guillermo García Realpe, presidente de la Junta Directiva, y otras tres personas entre jueves y viernes.

El ente de control también remitió copias de la auditoría interna realizada por Ecopetrol el 20 de mayo a la Fiscalía para evaluar la eventual comisión de delitos, tal como se señala en dicho documento.

El contrato surgió como reemplazo del convenio con la firma Miller, que proporcionaba asesorías y consultas relacionadas con la revisión de documentos. La decisión de contratar un “asesor externo” fue aprobada por unanimidad por la Junta Directiva el 26 de julio para medir los procesos adoptados por la compañía en relación con su presidente.

Los pagos realizados a Covington & Burling fueron reportados hasta el 28 de febrero de 2025, según consta en los documentos del proceso disciplinario que ahora investiga la Procuraduría General de la Nación.

 

 

 

Con información de wradio