Crisis humanitaria en el Catatumbo: dos meses de desplazamiento, confinamiento y violencia
Por: Maria José Salcedo
17 marzo, 2025

Este 16 de marzo se cumplieron dos meses desde el inicio de una crisis humanitaria sin precedentes en el Catatumbo, región donde el conflicto armado ha generado el desplazamiento de 57.200 personas, el confinamiento de al menos 24.000 y el registro oficial de 84 homicidios.
El asesinato de una familia en la vía Astilleros-Tibú fue, al parecer, el detonante de una de las ofensivas armadas más cruentas de los últimos años en la región. Enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC por el control territorial y el narcotráfico han intensificado la violencia en zonas cercanas a la frontera colombo-venezolana.
La situación ha derivado en asesinatos selectivos y la búsqueda de líderes sociales, firmantes de paz y familiares de integrantes de grupos armados ilegales en municipios como Tibú, Teorama y Convención, generando una crisis de desplazamiento forzado hacia zonas urbanas como Ocaña y Cúcuta.
Desplazamiento masivo
El conflicto ha impactado directamente a Cúcuta, ciudad que ha acogido a 29.934 personas desplazadas, generando una crisis humanitaria de gran magnitud. En Ocaña, cerca de 12.097 personas han buscado refugio en espacios de atención integral, aunque algunas han regresado a sus territorios pese a la falta de garantías de seguridad.
En Tibú, aproximadamente 8.900 personas han llegado al casco urbano huyendo de la violencia, recordando episodios de desplazamiento masivo ocurridos en la década de 1990 con la incursión paramilitar. La situación sigue siendo compleja para estas comunidades, que denuncian falta de atención gubernamental y el peso de su manutención en las administraciones locales.
Confinamiento y crisis humanitaria
Según cifras del Puesto de Mando Unificado de Norte de Santander, 24.033 personas han sido confinadas por el conflicto. Las comunidades indígenas Catalaura y Motilón Barí, en la zona de La Gabarra, han sido especialmente afectadas, con denuncias sobre la instalación de campos minados cerca de sus hogares.
Muchas de estas personas continúan en estado de confinamiento, recibiendo ayuda humanitaria de la Unidad de Víctimas y la Iglesia Católica en zonas de difícil acceso.
Homicidios y denuncias de violencia
Desde el inicio de la crisis, 84 cuerpos han sido identificados y entregados a sus familiares, la mayoría víctimas de sicariato. Sin embargo, líderes sociales advierten que la cifra real podría superar los 250 asesinatos, debido a la dificultad para registrar y extraer cuerpos en las zonas de conflicto.
Conmoción interior y medidas gubernamentales
La gravedad de la situación llevó al Gobierno Nacional a decretar la figura de Conmoción Interior, con el objetivo de atender la crisis y generar inversiones por más de 6.5 billones de pesos.
El Departamento Nacional de Planeación anunció la ejecución de 139 proyectos en los próximos 10 años, priorizando la construcción de escuelas, hospitales y proyectos de desarrollo económico en la región.
El conflicto persiste
A pesar de los esfuerzos gubernamentales, la violencia sigue escalando en el Catatumbo. La Fuerza Pública ha reforzado su presencia con 10.500 uniformados, aunque el uso de minas antipersona y explosivos por parte de los grupos armados dificulta su labor.
El reclutamiento forzado de menores de edad es otra preocupación latente. Si bien no existen cifras oficiales, se estima que el número de niños y adolescentes captados por los grupos ilegales ha aumentado de manera considerable en los últimos dos meses. Al menos 40 menores han sido recuperados de las filas del ELN.
Los ataques con explosivos y drones se han convertido en una nueva estrategia de los grupos armados, según informes de la Fuerza Pública, que ha registrado la muerte de varios de sus integrantes en estos atentados.
Mientras el conflicto persiste, la población del Catatumbo espera que las inversiones anunciadas por el Gobierno Nacional traigan consigo mejoras en seguridad y calidad de vida. Sin embargo, la estabilidad de la región sigue dependiendo de la capacidad del Estado para restablecer el orden y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
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