La fiscalía general de la Nación, en coordinación con la Policía Nacional, desarticuló una red que presuntamente legalizó recursos ilícitos provenientes del narcotráfico a través de inversiones en el sector salud. Según las autoridades, el dinero habría sido generado por la estructura criminal ‘La Constru’, también conocida como ‘Comandos de Frontera’, disidencia de las Farc.

La investigación reveló que los recursos, producto del tráfico de clorhidrato de cocaína desde zonas fronterizas con Ecuador, se destinaron a la creación y adquisición de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), ambulancias y otros bienes, utilizados para prestar servicios médicos en Putumayo, Caldas, Nariño, Huila, Cauca y Valle del Cauca.

Entre los capturados se encuentra Édison Bernardo Rosero, alias Chamón, señalado cabecilla de la organización criminal, junto a cinco personas identificadas como Yésica Tatiana Rúales Castillo, Gloria Alicia Arteaga Angulo, Paola Andrea Solarte Rosero, Yuri Nathaly Rosero y Óscar Ortega Hernández. Estas personas habrían servido como prestanombres para ocultar la procedencia de los activos ilegales.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y testaferrato. Ninguno aceptó los cargos. Por orden de un juez de control de garantías, Rosero, Solarte Rosero, Nathaly Rosero y Ortega Hernández fueron enviados a prisión, mientras que Rúales Castillo y Arteaga Angulo cumplirán detención domiciliaria.

En paralelo al proceso penal, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio identificó 32 bienes presuntamente utilizados para el lavado de activos, incluyendo ambulancias, vehículos de alta gama, establecimientos comerciales e IPS. Estos bienes, registrados a nombre de los procesados, están avaluados preliminarmente en 6.414 millones de pesos.

Las propiedades fueron sometidas a medidas cautelares de secuestro, embargo, toma de posesión y suspensión del poder dispositivo. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración de estos bienes mientras avanza el proceso judicial.

Con información de Fiscalía General de la Nación