La Red de Veedurías de Colombia ha presentado una denuncia penal contra el alcalde de Cali, Alejandro Éder, y su secretaria de Hacienda, María Mercedes Prado Daza, por presunto prevaricato y otros delitos relacionados con la suspensión de un millonario contrato de modernización tecnológica de la ciudad.
La denuncia, ya radicada ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría, surge en torno a un contrato de US$9 millones firmado durante la administración anterior para la modernización del Sistema de Gestión Administrativo y Financiero Territorial del Municipio de Santiago de Cali (SGAFT). Según la Red de Veedurías, la actual administración, encabezada por Éder, estaría buscando suspender este contrato de manera verbal, desconociendo los procedimientos legales y causales de ley.
Pablo Bustos, representante de la veeduría, acusó al alcalde Éder de mentir sobre la existencia de un “contrato fantasma” y afirmó que todo forma parte de un “complejo entramado de la actual administración municipal de Cali para quedarse con dicha contratación millonaria.”
La Red de Veedurías de Colombia asegura que la multinacional alemana SAP, encargada del contrato, estaba al tanto del proceso de modernización tecnológica de Cali, por lo que la suspensión verbal del contrato propuesta por Éder sería considerada arbitraria e ilegal.
La denuncia señala que la suspensión se ha solicitado de manera verbal, sin acto jurídico sancionatorio ni informe técnico del Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. Además, la Red de Veedurías destaca que la administración no ha querido reunirse con el contratista para validar el avance real del contrato en ejecución.
Para la Red de Veedurías de Colombia, la suspensión del contrato podría resultar en millonarias demandas por el daño reputacional a la multinacional SAP, ya que la administración habría desconocido los procedimientos y causales de ley para dar por terminado el acuerdo.
Los delitos por los cuales se denuncia a Éder y a su secretaria de Hacienda incluyen presunto prevaricato por acción, interés indebido en contratos, falsedad material en documento público y usurpación de funciones públicas.
