En el marco del Estado de Conmoción Interior decretado el pasado 24 de enero, el Gobierno Nacional ha presentado el programa Renhacemos Catatumbo, con el que busca erradicar 25.000 hectáreas de cultivos ilícitos y promover el desarrollo de actividades agrícolas lícitas en la región. Sin embargo, líderes sociales del Catatumbo han manifestado preocupaciones sobre la viabilidad del plan en medio del actual conflicto armado que azota la zona.

Organizaciones campesinas y defensores de derechos humanos han advertido que, antes de implementar cualquier iniciativa de sustitución de cultivos, es imprescindible establecer garantías de seguridad y condiciones humanitarias para la población.

Junior Maldonado, vocero de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), indicó que la erradicación sin un diálogo humanitario podría fracasar. “Una firma del Pacto Catatumbo debe pasar primero por un diálogo con los actores armados enfrentados. Necesitamos garantizar el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario antes de hablar de inversiones. Sin eso, será imposible aterrizar cualquier proyecto en el territorio”, advirtió Maldonado.

La violencia en la región ha obligado al desplazamiento de más de 50.000 personas y ha confinado a otras 20.000, lo que ha dificultado las condiciones de vida de la población campesina. Por ello, los líderes han insistido en que sin un cese al fuego entre los grupos armados y una mayor presencia de organismos de derechos humanos, cualquier intento de sustitución de cultivos podría generar nuevos conflictos en la zona.

En medio de estas discusiones, un grupo de líderes sociales ha solicitado al presidente Gustavo Petro que rectifique sus recientes declaraciones sobre la supuesta subordinación de algunas organizaciones a grupos armados. “Estas afirmaciones estigmatizan nuestra labor, suprimen nuestras garantías para la participación política y aumentan nuestro nivel de riesgo”, advirtió Ascamcat en un comunicado.

Los líderes han enfatizado que su trabajo busca soluciones pacíficas y estructurales para la crisis en el Catatumbo y han reiterado su disposición al diálogo para construir un plan de transformación viable en la región.

Despliegue militar y críticas de las comunidades

En paralelo a la estrategia de sustitución, el Gobierno ha anunciado un refuerzo militar con 10.500 soldados desplegados en la región. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, aseguró que las Fuerzas Militares buscarán recuperar el control territorial y debilitar las estructuras criminales. “Les estamos abriendo los brazos a los que deseen desmovilizarse, pero quienes no lo hagan, enfrentarán la fuerza del Estado”, afirmó.

Sin embargo, para las comunidades esta estrategia genera preocupación, ya que temen que un aumento de la militarización incremente las hostilidades. Organizaciones sociales han expresado que es necesario avanzar en medidas de desescalamiento del conflicto y negociaciones con los actores armados antes de proceder con planes de inversión o erradicación de cultivos.

Educación y desarrollo productivo: iniciativas en riesgo

El plan gubernamental también incluye iniciativas educativas y de infraestructura, con la inversión de 93.000 millones de pesos en programas de educación superior y la adecuación de aulas modulares en zonas rurales. Además, se contempla una asignación de 200.000 millones de pesos para la construcción de vías que faciliten la comercialización de productos agrícolas.

No obstante, líderes comunitarios señalan que, sin garantías de seguridad y estabilidad en la región, estos proyectos podrían no concretarse. “Las inversiones deben ir acompañadas de medidas efectivas de protección para la comunidad. No se puede hablar de desarrollo sin resolver primero la crisis humanitaria”, expresó un vocero de la comunidad en Tibú, uno de los municipios priorizados.