El presidente Gustavo Petro anunció que decretará emergencia económica y sanitaria en Colombia, como medida para enfrentar el reciente brote de fiebre amarilla registrado en el departamento del Tolima. La decisión busca facilitar la movilización de recursos del Estado para contener la propagación del virus transmitido por el mosquito Aedes aegypti.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), el mandatario explicó que el virus ha generado una situación de riesgo sanitario significativa, que requiere una respuesta inmediata. “Voy a decretar la emergencia económica, después de la sanitaria (…). Estamos de nuevo ante un virus. Se trata del virus de la fiebre amarilla desatado por el mosquito hembra llamado Aedes aegypti”, expresó.

Brote en Tolima y cifras preocupantes

El jefe de Estado advirtió que la fiebre amarilla tiene una tasa de mortalidad del 50% y que, de los 74 casos humanos detectados hasta la fecha, 32 personas han fallecido, la mayoría en el Tolima. Además, se reportó la aparición de monos muertos en la zona cafetera, un hecho que generó las primeras alertas sanitarias, aunque el mandatario aclaró que estos animales no transmiten el virus, pero pueden actuar como indicadores del brote.

Petro también advirtió sobre el impacto de la crisis climática, señalando que el aumento de las temperaturas ha facilitado que el mosquito transmisor del virus suba a zonas montañosas y urbanas, incluyendo Bogotá.

Declaración de emergencia sanitaria y económica

La declaración de emergencia sanitaria permitirá al Ministerio de Salud y a las autoridades locales intensificar campañas de vacunación, adquirir insumos médicos y tomar decisiones sin los trámites habituales. Posteriormente, la emergencia económica le permitirá al Ejecutivo utilizar recursos públicos de forma ágil para contener la crisis, evitando procedimientos burocráticos como licitaciones o autorizaciones presupuestales prolongadas.

En años anteriores, el Gobierno ha utilizado este mecanismo en situaciones críticas como la emergencia económica en La Guajira (2023) y la conmoción interior en el Catatumbo (enero de 2025), aunque persisten cuestionamientos sobre los resultados obtenidos.

Reacciones desde el Congreso

El anuncio del presidente generó diversas reacciones en el Congreso. Desde la oposición, el representante Hernán Cadavid (Centro Democrático) manifestó preocupación sobre el uso de los recursos bajo estas declaraciones:  “Tendremos que ver la necesidad real del planteamiento de una emergencia, pero lo más importante es vigilar cada uno de los recursos que vayan a incorporar en estas materias”.

Por su parte, el congresista Duvalier Sánchez (Partido Verde) cuestionó si era necesario declarar una emergencia económica, considerando que la fiebre amarilla es una enfermedad prevenible y con vacuna disponible. “Quizás puede ser diagnosticada, controlada, prevenible y para eso debería haber otras medidas”, afirmó.

En contraste, el representante Alfredo Mondragón (Pacto Histórico) respaldó la medida, argumentando que la expansión del virus en Tolima evidencia la necesidad de una intervención estatal:  “Si el Estado tiene los instrumentos y las posibilidades de garantizar la protección de la vida, no hay razón para negar la posibilidad de que se establezcan los instrumentos de prevención”.

El presidente también se refirió a las autoridades locales y a otros actores regionales, cuestionando la falta de colaboración. Mencionó que la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, no ha girado recursos para enfrentar el brote, que el Distrito de Bogotá no ha activado los equipos básicos de salud, y que la Federación Nacional de Cafeteros no ha asistido a los Puestos de Mando Unificado (PMU) convocados para tratar la situación.

Sin embargo, la gobernadora reaccionó para negar su supuesta desatención y señaló que “decretamos emergencia pública en el departamento del Tolima, por Fiebre Amarilla, el día 13 de noviembre de 2024, y desde el mes de octubre de 2024, hacemos PMU con la participación de su MinSalud”, y además le recordó que fue él quien el 26 de marzo pasado, dijo en el Consejo de Ministros que era “un brote de fiebre amarilla en unos micos” que su gobierno había controlado.

Petro reiteró que la falta de mecanismos de prevención en salud responde a que su reforma sanitaria no fue aprobada, indicando que dicha iniciativa priorizaba la prevención y el fortalecimiento de la atención primaria.

Con la declaratoria de ambas emergencias, se espera que el Gobierno Nacional:

– Intensifique las jornadas de vacunación contra la fiebre amarilla en zonas de riesgo.
– Fortalezca la detección temprana de casos a través de equipos médicos móviles.
– Redireccione recursos públicos hacia el control epidemiológico.
– Coordine con gobernaciones y alcaldías la aplicación de protocolos de emergencia.

El Ministerio de Salud ya había emitido una circular de alerta sanitaria, instando a las entidades territoriales a iniciar campañas de vacunación y control vectorial, principalmente en las regiones cafeteras y montañosas del país.