La Fiscalía General de la Nación imputó este lunes cargos a la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, dentro de una investigación relacionada con presuntas irregularidades en un contrato para el suministro de alimentos destinados al Centro de Atención y Protección Animal de la capital del Tolima.

De acuerdo con el ente acusador, la mandataria fue vinculada al proceso por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

Junto a Aranda también fueron imputados tres funcionarios de la administración municipal y un contratista particular, quienes, según la investigación, habrían participado en un supuesto direccionamiento contractual ocurrido en junio de 2024.

Los funcionarios y el contratista vinculados al proceso

La Fiscalía informó que además de la alcaldesa fueron procesados Johana Carolina Veloza Guio, asesora de despacho; Jessika Soto, abogada de la Secretaría de Gobierno; Edward Amaya, exsecretario de esa dependencia; y Ernesto Alfonso Quiroga, contratista beneficiario del contrato cuestionado.

La investigación está siendo adelantada por un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima, quien formuló los cargos de acuerdo con la presunta participación individual de cada uno de los implicados.

Las presuntas irregularidades detectadas

Según los hallazgos expuestos por la Fiscalía, el contrato habría sido orientado para favorecer a una empresa que no contaba con experiencia acreditada en la producción o suministro de alimentos para perros y gatos.

El ente investigador indicó que la compañía seleccionada se dedicaba principalmente a actividades de aseo en instalaciones públicas y centros educativos, lo que habría generado cuestionamientos sobre su idoneidad para ejecutar el objeto contractual.

La Fiscalía sostiene que la alcaldesa habría delegado decisiones relacionadas con el gasto público en el entonces secretario de Gobierno, Edward Amaya, y que posteriormente se habría direccionado la adjudicación hacia el contratista favorecido.

Estudios de mercado y posibles sobrecostos

De acuerdo con la acusación, algunos de los funcionarios involucrados habrían advertido previamente sobre la falta de experiencia del oferente, pero aun así continuaron con el trámite contractual.

La investigación señala que se elaboraron estudios de mercado que no reflejaban los precios reales del sector y que el proceso de cotización se limitó únicamente a dos proponentes que tendrían vínculos familiares entre sí.

Para la Fiscalía, estas actuaciones habrían restringido la libre competencia dentro del proceso de contratación.

Asimismo, el ente acusador indicó que el contratista Ernesto Alfonso Quiroga habría recibido presuntamente un beneficio económico indebido por cerca de 34,9 millones de pesos, producto de sobrecostos derivados del supuesto direccionamiento del contrato.