En el marco del proceso Plus Ultra, la magistrada de la Audiencia Nacional, Esperanza Collazos, ha remitido a los fiscales un conjunto de mensajes de chat que, según su valoración, podrían evidenciar la intervención del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ante altos directivos de la compañía energética para favorecer a Danilo Diazgranados en la distribución de lubricantes en territorio venezolano.

El documento de inhibición, fechado el 23 de febrero, se basa en el informe de los investigadores sobre la conversación titulada “DANILO‑ESPAÑA”. En ella, Diazgranados mantiene un vínculo personal y económico con un interlocutor identificado como “Zorro”, “Z” o “ZZZZ”, al que la jueza ha asociado a Rodríguez Zapatero. Según el análisis judicial, el intercambio muestra “actos concretos” que podrían constituir cohecho, tráfico de influencias y corrupción empresarial dentro de una estructura jerárquica y duradera.

El supuesto objetivo de la presión habría sido que, en diciembre de 2023, la empresa petrolera otorgara a Diazgranados la exclusividad para comercializar sus lubricantes en Venezuela, lo que la magistrada califica como “delito de corrupción en los negocios”. La investigación se inscribe dentro del caso Plus Ultra, que investiga una presunta trama de sobornos y favores entre funcionarios y empresarios vinculados a la industria energética.

Repsol, por su parte, ha rechazado categóricamente cualquier vínculo con el venezolano. Portavoces de la compañía aseguraron que no existe relación comercial ni de otro tipo con Diazgranados y reiteraron que la empresa opera bajo “estrictos principios de transparencia, integridad y respeto a la legalidad” en todos los mercados donde está presente.

El proceso Plus Ultra, iniciado en 2022, se centra en una supuesta red de intermediarios que habría facilitado la adjudicación de contratos a cambio de comisiones ilegales. Entre los investigados se encuentran exfuncionarios del Gobierno, empresarios del sector energético y representantes de firmas internacionales. La aparición de mensajes que vinculan a un exmandatario con ejecutivos de Repsol abre una nueva dimensión al expediente, al sugerir la posible utilización de la influencia política para obtener ventajas comerciales en un país sancionado como Venezuela.

El anuncio ha generado un intenso debate en la opinión pública y en el entorno empresarial. Analistas políticos advierten que, de confirmarse la acusación, el caso podría desencadenar una crisis institucional que afecte la credibilidad del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y reavive la discusión sobre la ética en la relación entre el poder y la industria del petróleo.

Por su parte, representantes de la Audiencia Nacional han subrayado que la investigación sigue su curso y que cualquier conclusión dependerá de la valoración probatoria que presenten los fiscales. “La justicia debe actuar con independencia y rigor, garantizando que se esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables, si los hubiere”, declaró la jueza Collazos en una breve intervención.

Implicaciones para Repsol

Aunque la compañía ha negado cualquier irregularidad, la mera asociación con un escándalo de corrupción podría repercutir en su reputación internacional y en la confianza de inversores. Expertos en mercados energéticos señalan que la empresa podría enfrentar presiones de reguladores y de grupos de la sociedad civil que exigen mayor transparencia en sus operaciones en regiones con alto riesgo de corrupción.

Los fiscales de la Audiencia Nacional disponen de varias semanas para decidir si se abre una fase de instrucción formal contra los presuntos implicados. Mientras tanto, la defensa de Repsol se prepara para responder a cualquier requerimiento de información adicional y para reforzar su política de cumplimiento normativo.

El caso Plus Ultra continúa atrayendo la atención de medios nacionales e internacionales, que siguen de cerca la evolución de una investigación que podría redefinir los límites de la influencia política en el sector energético español.