Cinco integrantes del Ejército Nacional fueron condenados a más de 20 años de prisión tras aceptar su responsabilidad en la tortura, homicidio y desaparición forzada de un campesino con discapacidad cognitiva, ocurrido en octubre de 2025 en una base militar del municipio de Frontino, Antioquia.

La decisión se produjo luego de que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieran alcanzar un preacuerdo judicial con el cabo segundo Cristian Daniel Córdoba Piamba y los soldados Brayan Stiven Osorio, Jhon Edwin Quejada Fabra, Neider de Jesús Oyola Ortiz y Miguel Ángel Caicedo Hernández.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Antioquia, la víctima, un campesino de 27 años con discapacidad cognitiva, fue retenida el 7 de octubre de 2025 en una base militar bajo la sospecha de pertenecer a un grupo armado ilegal.

Las investigaciones establecieron que, una vez dentro de las instalaciones castrenses, el hombre fue sometido durante cerca de cinco horas a múltiples actos de violencia. Según la Fiscalía, fue desnudado, golpeado, amarrado y colgado de un árbol, además de sufrir tratos crueles que incluyeron episodios de asfixia y sofocamiento.

Las labores de policía judicial realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitieron reconstruir lo sucedido y determinar que la víctima falleció en un baño de la base militar como consecuencia de las agresiones.

Posteriormente, el cuerpo fue envuelto en una hamaca, trasladado hasta el helipuerto de la unidad militar y arrojado al río El Cerro con el propósito de ocultar el crimen.

Tres semanas después, las autoridades recuperaron el cadáver y lo remitieron al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Los análisis forenses concluyeron que la muerte fue producto de los actos de tortura a los que fue sometido.

Con base en el material probatorio, un juez de conocimiento avaló el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y los cinco militares, quienes aceptaron su responsabilidad penal. Como resultado, fueron condenados a 20 años y dos meses de prisión por los delitos agravados de tortura, homicidio y desaparición forzada.

La Fiscalía recordó que este caso ya había dejado otra condena. El teniente Leider Ortiz Ortiz, quien para la época de los hechos era comandante de la base militar, había sido sentenciado previamente mediante preacuerdo a 20 años y tres meses de prisión por su participación en los mismos hechos.

El proceso judicial continúa respecto al sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez Mideros y los soldados Alberto Rojo Giraldo y Didian Fernando Ruiz Reyes, quienes ya fueron acusados por la Fiscalía y permanecen privados de la libertad mientras avanza el trámite en su contra.