La Corte Constitucional de Colombia reveló un panorama crítico del sistema penitenciario y carcelario del país tras una serie de inspecciones judiciales realizadas en centros de reclusión de La Guajira, Santander y Cesar, donde constató hacinamiento extremo, falta de agua potable, deficiencias médicas y personas privadas de la libertad recluidas durante años en espacios concebidos únicamente para detenciones temporales de 36 horas.

La ruta de verificación fue ordenada por la Sala Especial de Seguimiento encargada de vigilar el estado de cosas inconstitucional declarado sobre el sistema penitenciario colombiano y continuará en los próximos días en cárceles de Bogotá y Boyacá.

Las diligencias son lideradas por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Sala Especial, junto con la presidenta de la Corte, Paola Andrea Meneses Mosquera, y la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez.

Valledupar: hacinamiento superior al 500 % en “La Permanente”

Uno de los escenarios más alarmantes fue identificado en el centro de detención transitoria “La Permanente”, en Valledupar, donde la Corte encontró 349 personas recluidas en instalaciones diseñadas para albergar aproximadamente a 70 internos.

Según el reporte judicial, la sobreocupación supera el 500 %.

La mayoría de los detenidos contaba con boletas de traslado hacia establecimientos penitenciarios formales, pero varios permanecían allí desde 2023 y 2024, pese a tratarse de un espacio transitorio.

Durante la inspección, los magistrados encontraron adultos mayores recluidos, áreas improvisadas para dormir, deterioro estructural, problemas de ventilación y un número insuficiente de sanitarios y duchas.

En materia de salud, la Corte verificó que el centro no dispone de personal médico permanente y que la Nueva EPS no suministra medicamentos desde diciembre de 2025, afectando tratamientos médicos de la población privada de la libertad.

Además, se reportó que durante 2025 se habrían perdido más de mil audiencias judiciales debido a problemas técnicos y ausencia de defensores públicos.

“La Tramacúa”: calor extremo, inundaciones y muertes bajo investigación

En el Establecimiento Penitenciario de Mediana y Alta Seguridad de Valledupar, conocido como La Tramacúa, los internos denunciaron condiciones extremas de temperatura dentro de los pabellones y patios.

Las directivas del penal señalaron que se instalaron polisombras en algunos sectores y que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) adelanta estudios para evaluar la instalación de ventiladores.

La Corte también recibió denuncias relacionadas con inundaciones, rebosamiento de baterías sanitarias, deficiencias médicas y fallecimientos recientes ocurridos dentro del establecimiento, hechos que actualmente son investigados por las autoridades.

Los internos expusieron además limitaciones en programas educativos y de resocialización debido a la falta de espacios y herramientas tecnológicas.

Riohacha: agua en carrotanques y presos durmiendo en hamacas

La situación en Riohacha también generó preocupación entre los magistrados.

En la Cárcel y Penitenciaría de Mediana Seguridad de la ciudad, 366 personas permanecían recluidas en un penal construido para cerca de 100 cupos, lo que representa un hacinamiento aproximado del 266 %.

La inspección evidenció internos durmiendo en hamacas y colchonetas improvisadas, presencia de humedad, hongos, instalaciones eléctricas expuestas y graves fallas en ventilación.

La cárcel tampoco cuenta con suministro permanente de agua potable, por lo que el abastecimiento se realiza mediante carrotanques y almacenamiento en recipientes plásticos dentro de los pabellones.

Presos llevan hasta cinco años en centros transitorios

En el antiguo centro de detención transitoria “CAIMEG”, también en Riohacha, la Corte encontró 280 personas recluidas en un espacio con capacidad cercana a 130 cupos.

Patios diseñados para albergar entre 12 y 15 internos concentraban más de 50 personas.

El tribunal verificó además que toda la población superaba ampliamente el límite legal de 36 horas para este tipo de instalaciones, incluyendo casos extremos de personas recluidas durante hasta cinco años.

La inspección también detectó problemas de salud mental, falta de atención médica, insuficiencia de espacios para audiencias judiciales y dificultades para garantizar condiciones adecuadas para mujeres y población LGBTIQ+.

Bucaramanga: un antiguo parqueadero convertido en celda

En la Estación de Policía Norte de Bucaramanga, los magistrados encontraron 154 personas privadas de la libertad en instalaciones con capacidad para entre 15 y 20 detenidos.

La totalidad de la población llevaba más tiempo del permitido legalmente y algunos casos alcanzaban hasta dos años de permanencia.

La Corte constató que los internos dormían en hamacas improvisadas y en el piso, mientras que un antiguo parqueadero fue acondicionado como espacio de reclusión.

También se reportaron problemas de ventilación, acceso limitado a duchas y sanitarios, restricciones en visitas familiares y dificultades presupuestales para garantizar alimentación adecuada.

Girón muestra mejores condiciones, pero enfrenta problemas de seguridad

El contraste apareció en la cárcel de Girón, donde el índice de hacinamiento ronda el 7 %.

El establecimiento cuenta con aulas, bibliotecas, talleres productivos, panaderías y programas de formación técnica y universitaria.

Sin embargo, las autoridades reportaron dificultades en el suministro de medicamentos y problemas de seguridad relacionados con el ingreso de celulares y otros elementos prohibidos mediante drones y lanzamientos desde el exterior.

Nuevo penal de Riohacha avanza en su construcción

Como parte de la inspección, la Sala Especial verificó el avance del nuevo establecimiento penitenciario nacional de Riohacha, una infraestructura de cuarta generación que tendrá capacidad para 1.722 internos.

El proyecto incluirá pabellones para mujeres, espacios destinados a población indígena Wayúu, talleres, áreas médicas y un centro de desarrollo infantil para madres gestantes y lactantes.

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios informó que la obra registra un avance del 99 % en infraestructura civil y que la entrada en funcionamiento se realizará en dos etapas entre junio y noviembre de 2026.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) indicó que el nuevo complejo requerirá más de 700 funcionarios para garantizar su operación integral.