En un movimiento que ha generado preocupación y sorpresa, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) ha declarado insubsistentes a al menos 30 personas, incluyendo a la jefe de Recursos Humanos, Luz Dary Cruz, y la jefe de prensa, Yury Carolina Calderón. Esta decisión se produce a pocos días de que entre en vigor la Ley de Garantías por elecciones presidenciales, que prohíbe la contratación estatal y el gasto público a partir del 31 de enero de 2026 y hasta el 7 de agosto.

Los despidos comenzaron el lunes 26 de enero, cuando los empleados de libre nombramiento y remoción en el Departamento Administrativo y Secretaría General de la Presidencia de la República fueron llamados uno por uno para recibir la notificación de su declaratoria de insubsistencia. La medida ha generado inquietud entre los afectados, muchos de los cuales son madres cabeza de familia, prepensionados y personal que llevaba años trabajando en la entidad en cargos como meseros y conductores.

La situación en el Dapre no es aislada, ya que se han reportado denuncias de declaratoria de insubsistencias en la Cancillería colombiana, donde al menos 130 personas ya han salido de la entidad. Esto ha llevado a cuestionar si se están cumpliendo las cuotas establecidas por el presidente Gustavo Petro, quien había ordenado que los funcionarios de libre remisión no podían ser sacados del Gobierno.

La contratación estatal en el Gobierno ha sido objeto de críticas y denuncias en los últimos días, lo que ha generado un clima de incertidumbre entre los empleados públicos. La Ley de Garantías por elecciones presidenciales busca evitar la influencia del poder ejecutivo en el proceso electoral, pero la medida ha generado preocupación entre los sectores más vulnerables de la sociedad.

En este contexto, es fundamental que se garanticen los derechos de los empleados públicos y se cumplan las normas establecidas para evitar la arbitrariedad en la toma de decisiones. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para evitar la percepción de que se están cumpliendo cuotas o intereses personales en detrimento de los intereses del Estado y de la sociedad en general.