La tensión en el alto Gobierno colombiano se intensifica tras conocerse los primeros efectos tangibles de la inclusión del presidente Gustavo Petro en la Lista Clinton. Un incidente ocurrido durante una escala técnica en Madrid, en medio de su viaje oficial hacia Medio Oriente, ha encendido las alarmas sobre el alcance real de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Según fuentes oficiales consultadas por medios nacionales, el avión de la Fuerza Aérea Colombiana que transportaba al jefe de Estado no pudo abastecerse de combustible debido a que varias empresas proveedoras del aeropuerto madrileño se negaron a suministrarlo. La negativa habría obedecido a vínculos financieros con Estados Unidos y al temor de violar las estrictas regulaciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), responsable de ejecutar las sanciones derivadas de la Lista Clinton.

Aunque no existió una orden política directa, las compañías decidieron abstenerse de realizar la operación para evitar eventuales sanciones económicas o la pérdida de licencias comerciales en territorio estadounidense. El episodio obligó a trasladar la aeronave a una base militar, donde la intervención del gobierno español, encabezado por Pedro Sánchez, permitió finalmente completar el abastecimiento de combustible y continuar el viaje.

El hecho, confirmado por la W Radio, refleja el impacto inmediato que puede tener la inclusión del mandatario colombiano en un listado que, históricamente, ha afectado a empresarios, funcionarios y organizaciones señaladas de vínculos con el narcotráfico o el lavado de activos. Sin embargo, esta sería la primera vez que un presidente en ejercicio enfrenta consecuencias logísticas derivadas de dichas sanciones.

La Lista Clinton —formalmente conocida como Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN)— fue creada en 1995 como una herramienta de control financiero internacional. Quienes figuran en ella quedan bloqueados del sistema bancario global y ninguna empresa bajo jurisdicción estadounidense puede realizar transacciones con ellos. Las multas por incumplir las normas de la OFAC pueden superar los 250.000 dólares o duplicar el valor de la operación realizada.

En este contexto, el incidente en Madrid ha generado inquietud en la Casa de Nariño. Fuentes cercanas al Ejecutivo reconocen que lo ocurrido “es un aviso temprano” de las complicaciones que podrían venir en materia diplomática, financiera y logística para la administración Petro. Algunos funcionarios habrían pedido manejar el caso con absoluta reserva mientras se evalúan los posibles escenarios.

Aunque el avión presidencial pertenece a la Fuerza Aérea Colombiana y no al mandatario, la negativa de las empresas europeas muestra que las sanciones podrían afectar operaciones rutinarias de Estado. “El miedo ya se instaló entre los funcionarios más cercanos al presidente”, admitió una fuente gubernamental citada por medios locales.

El episodio ocurrió pocos días después de que Washington oficializara la inclusión de Gustavo Petro en la Lista Clinton, acusándolo de presuntos vínculos con el régimen de Nicolás Maduro y de haber favorecido estructuras del narcotráfico en la región. La medida también contempla la posibilidad de extender sanciones a otros altos funcionarios del Gobierno colombiano, entre ellos dirigentes de Ecopetrol y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

A pesar del contratiempo, el mandatario continuó su gira internacional, que incluye visitas a Arabia Saudita, Egipto y Catar, países clave en la estrategia de diversificación diplomática del Gobierno. Durante su ausencia, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, asumió temporalmente las funciones presidenciales.