El mandatario cuestiona el costo y los resultados de la jurisdicción tras recibir más de 3 billones de pesos desde 2018, y asegura que las decisiones sobre el presupuesto son competencia constitucional del Gobierno y el Congreso.

El presidente Abelardo De La Espriella respondió con firmeza a la carta que el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), envió el 18 de septiembre a la Corte Penal Internacional (CPI). En el documento, Ramelli alertaba sobre una supuesta “asfixia presupuestal” que podría comprometer la independencia y el funcionamiento del tribunal de paz.

A través de su cuenta en X, De La Espriella manifestó su desacuerdo con “el contenido, el alcance ni el tono” de la comunicación y defendió que discutir el Presupuesto General de la Nación es parte de las atribuciones constitucionales del Ejecutivo y el Legislativo. “Fijar una posición sobre los recursos públicos no es una amenaza contra los jueces: es ejercer las funciones institucionales”, dijo.

El jefe de Estado detalló los montos que la JEP ha recibido o solicitado en los últimos años para sustentar su postura. Según los datos presentados, en 2025 se asignaron 777.069 millones de pesos; para 2026 están previstos cerca de 744.659 millones; la JEP solicitó 947.642 millones para 2027, mientras que el proyecto del Gobierno contempla 821.803 millones. “Eso no es asfixia ni venganza: es responsabilidad fiscal”, afirmó.

De La Espriella recordó que desde 2018 la jurisdicción ha recibido más de 3 billones de pesos del erario y cuestionó los resultados obtenidos. Señaló que durante años se reclamó la falta de sentencias y que las primeras decisiones restaurativas llegaron apenas en 2025. “Mi obligación es preguntar qué se ha hecho con esos recursos”, sostuvo.

El presidente también puso el foco en los costos operativos de la JEP. Reveló que la nómina estimada para 2026 asciende a 404.477 millones de pesos y cuestionó la evolución salarial del magistrado Ramelli: según De La Espriella, su ingreso mensual pasó de unos 32 millones de pesos en 2018 a más de 55 millones como presidente del tribunal, con ingresos acumulados como magistrado cercanos a 4.500 millones.

“Respetar la independencia judicial no significa excluir la gestión administrativa de controles de eficiencia y rendición de cuentas”, subrayó el mandatario, quien insistió en que toda institución pública debe justificar su ejecución presupuestal.

La comunicación PRS-239-2026, enviada por Alejandro Ramelli a la CPI, expresaba preocupación por iniciativas legislativas y presupuestales que, según el magistrado, podrían afectar las condiciones de funcionamiento de la JEP y la seguridad de miles de personas vinculadas a sus procesos. El debate se intensifica mientras en el Congreso se discuten partidas clave para la jurisdicción.

De La Espriella aprovechó la controversia para plantear la necesidad de fortalecer la Rama Judicial ordinaria. Señaló que existen millones de procesos represados, congestión en los despachos, infraestructura insuficiente y limitaciones tecnológicas que afectan a los ciudadanos. “El Gobierno debe evaluar cómo distribuir los recursos disponibles y dirigir una parte hacia la justicia ordinaria”, afirmó.

El presidente cerró su intervención rechazando que las decisiones presupuestales respondan a una política de venganza contra la JEP. “Cumplir el Acuerdo de Paz significa honrar a las víctimas, no aprobar automáticamente todas las solicitudes de presupuesto”, concluyó. “No permitiré que ninguna institución se sitúe por encima de las reglas del gasto público”.