Este jueves, las comisiones económicas del Congreso están citadas para analizar y votar el monto del Presupuesto General de la Nación para 2026. La discusión enfrenta un panorama incierto debido a la falta de quórum por la campaña electoral y a la amplia diferencia de propuestas: mientras el Gobierno insiste en mantener los 556,9 billones de pesos, algunos sectores plantean recortes que van desde 10 hasta 39 billones.

El resultado será clave para definir si avanza o no la reforma tributaria de 26 billones de pesos propuesta por el Ejecutivo, necesaria para financiar el presupuesto original. Si la tributaria se hunde, quedaría la posibilidad de aprobar un presupuesto sin nuevos impuestos, con mayores ajustes en las prioridades de gasto, o, en su defecto, que el presidente Gustavo Petro opte por sacarlo mediante decreto, como ocurrió en 2024.

El pulso por los 556,9 billones

El Gobierno defiende su propuesta inicial argumentando que garantiza la inversión social comprometida. Voceros como las congresistas Támara Argote, María del Mar Pizarro, Liliana Rodríguez y Olga Lucía Velásquez han señalado que el monto es indispensable para mantener los programas sociales. Sin embargo, esta cifra está atada a la reforma tributaria que grava, entre otros, la cerveza, las apuestas, el turismo, Netflix, el patrimonio, la renta de los más ricos y la gasolina.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha insistido en que no existe un plan alterno si el Congreso rechaza la tributaria. Ante la dificultad política de tramitar nuevos impuestos en época electoral, la estrategia del Ejecutivo podría ser dejar vencer los plazos, abrir la vía al decreto y sostener el presupuesto aunque quede desfinanciado.

La opción de un ajuste moderado

En el Congreso han surgido propuestas intermedias. Un grupo de congresistas oficialistas y aliados sugiere reducir el monto entre 7 y 10 billones de pesos, eliminando algunos tributos como el de la gasolina y revisando el impuesto a bebidas alcohólicas.

La representante Támara Argote radicó una iniciativa para fijar el presupuesto en 547 billones, lo que equivaldría a una tributaria reducida de 16 billones. Otros congresistas, como Modesto Aguilera de Cambio Radical, consideran viable un recorte de 12 billones, siempre que se mantengan impuestos a sectores como las apuestas en línea y los licores.

La propuesta sin reforma tributaria

Otra corriente busca aprobar un presupuesto sin necesidad de reforma. El representante verde Wilmer Castellanos ha planteado un monto de 530 billones, mientras que congresistas como Ciro Ramírez y Katerine Miranda promueven bajarlo a 517 billones, cifra que recoge advertencias de gremios como la ANDI sobre un posible desfinanciamiento estructural.

De prosperar esta opción, el Congreso quedaría con un margen amplio para redistribuir partidas y priorizar proyectos regionales. Ya circulan proposiciones para aumentar en 500 mil millones el presupuesto del Ministerio del Deporte y reducir recursos al Ministerio de Igualdad.

El escenario del decreto maniatado

Si no se alcanza un consenso, podría repetirse la fórmula del decreto, aunque con limitaciones. Sectores de oposición han planteado eliminar artículos que otorgan facultades al Ejecutivo para endeudarse o mover recursos dentro del presupuesto. Con ello, el Gobierno quedaría con un presupuesto desfinanciado y sin herramientas para realizar maniobras contables, lo que obligaría a recortes inmediatos.

La definición del Presupuesto 2026 marcará no solo la viabilidad de la tributaria, sino también el margen político del Gobierno para avanzar en proyectos clave como la ley de sometimiento de bandas criminales, la reforma a la salud, la jurisdicción agraria y la continuidad del Ministerio de la Igualdad.

El pulso en las comisiones conjuntas, con 93 senadores y representantes, será decisivo para determinar si el país tendrá un presupuesto aprobado por ley, recortado por negociación política o impuesto por decreto presidencial.