El Partido Centro Democrático ha decidido presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la reforma pensional recientemente aprobada. Según informó la emisora colombiana W Radio, el partido argumenta que la reforma no fue debidamente discutida en la Cámara de Representantes.

Juan Espinal, representante del partido, hizo el anuncio subrayando que no hubo un debate profundo sobre el proyecto de ley. “Vamos a presentar demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Hasta el último minuto vamos a defender los recursos de las pensiones de los colombianos. No vamos a permitir que el presidente Gustavo Petro y el Pacto Histórico se apropien de 460 billones que es el ahorro de más de 16 millones de colombianos para que hagan politiquería en el año 2026”, indicó Espinal.

Espinal expresó su preocupación por varios aspectos de la reforma pensional, entre ellos la equiparación de un subsidio con la pensión, la expropiación del ahorro de los trabajadores y el riesgo para la sostenibilidad del nuevo sistema. “Lo que procede es solicitar a la Corte que tumbe la reforma. Una reforma que además tiene temas muy complejos de fondo como equiparar un subsidio con la pensión, expropiar el ahorro de los trabajadores y poner en riesgo la sostenibilidad del sistema nuevo”, añadió el representante.

El Centro Democrático considera que es su obligación utilizar todas las herramientas jurídicas disponibles para evitar que la reforma perjudique a los colombianos. La demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional es vista como un último recurso para frenar lo que consideran una medida perjudicial para el país. Espinal enfatizó: “La obligación por los colombianos es proceder con todas las herramientas jurídicas ante la Corte para evitar que está mala reforma que le hace daño al país entre en vigencia”.

La controversia se centra en la falta de un debate exhaustivo en el Congreso y los posibles efectos negativos sobre el ahorro de pensiones de millones de colombianos. El partido argumenta que la reforma podría poner en riesgo los recursos ahorrados por los trabajadores y afectar la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo.