La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Unidad para las Víctimas y la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz emitieron un pronunciamiento conjunto en el que rechazaron las declaraciones del diputado del Tolima, Juan Guillermo Beltrán. El funcionario cuestionó públicamente la reubicación de familias desplazadas por la situación humanitaria en el Catatumbo hacia predios ubicados en ese departamento.

De acuerdo con las entidades, los señalamientos son falsos y tienen el efecto de estigmatizar a personas víctimas del conflicto armado, así como a firmantes del Acuerdo de Paz. En el comunicado, las instituciones manifestaron que este tipo de afirmaciones ponen en riesgo la vida, la integridad y los derechos fundamentales de las familias que buscan rehacer su proyecto de vida en condiciones de dignidad y seguridad.

Según la información oficial, son 92 las personas que serán reubicadas. Todas son víctimas del conflicto armado provenientes del Catatumbo y cuentan con el acompañamiento institucional. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) adjudicó un predio en el Tolima donde podrán desarrollar proyectos productivos, con el apoyo de la Unidad de Víctimas y otras entidades del Gobierno.

Entre el grupo trasladado se encuentran 13 firmantes del Acuerdo de Paz. Estos ciudadanos han sido acompañados de manera permanente por la ARN desde el inicio de la emergencia humanitaria que motivó su desplazamiento. El objetivo es garantizar la continuidad de sus procesos de reincorporación y el acceso a derechos establecidos en el Acuerdo Final.

Las entidades aclararon que el proceso se lleva a cabo en coordinación con las autoridades locales. La Alcaldía de Honda y la Gobernación del Tolima participaron en las reuniones convocadas por el Gobierno Nacional para definir los detalles del traslado, con el fin de asegurar una llegada ordenada y responsable al territorio.

El comunicado enfatizó que ninguna autoridad local puede restringir el derecho constitucional de las víctimas a reubicarse en cualquier lugar del país. El Gobierno ratificó su compromiso con avanzar en este proceso y con mantener el acompañamiento a las familias, tanto en su reubicación como en la implementación de proyectos productivos que contribuyan a su estabilización.

Por último, las entidades hicieron un llamado a las autoridades locales y a la comunidad para que reciban con solidaridad a quienes fueron afectados por la violencia. En el mensaje, instaron a rechazar discursos que alimenten el odio y la estigmatización, recordando que el respeto por los derechos de las víctimas y el cumplimiento de los compromisos de paz son obligaciones constitucionales y legales.

La reubicación de las familias desplazadas se produce en el marco de la respuesta institucional a la crisis humanitaria en la región del Catatumbo, donde se han presentado desplazamientos masivos por la persistencia de acciones armadas y disputas entre grupos ilegales.