La senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, integrante del Pacto Histórico y del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), quedó este lunes en el centro de una nueva controversia después de que el Gobierno de Estados Unidos revocara su visa y las de sus familiares directos. La misma medida fue adoptada contra el empresario Euclides Antonio Torres Romero y su núcleo familiar. El anuncio fue realizado por el Departamento de Estado en el marco de la iniciativa denominada Escudo de las Américas.

Según Washington, la política busca restringir visas a ciudadanos extranjeros y sus familiares cuando las autoridades estadounidenses consideran que han afectado gobiernos democráticamente elegidos mediante actividades relacionadas con corrupción o narcotráfico. Sin embargo, el comunicado no expuso de manera individual cuáles fueron las actuaciones atribuidas a Peralta que llevaron a la revocatoria. La medida migratoria tampoco constituye, por sí misma, una condena judicial en Colombia.

Me enteré por los medios de comunicación de que me habrían retirado la visa de EEUU. Hasta ahora no he recibido una comunicación oficial ni conozco los motivos de esa decisión.

En los últimos meses he enfrentado señalamientos desde distintos sectores y ataques constantes en… pic.twitter.com/IbD2Y9ha9P

— Martha Peralta Epieyú (@marthaperaltae) September 28, 2026

La decisión se conoce mientras Peralta enfrenta una investigación en la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La investigación se abrió a partir de declaraciones y elementos remitidos al alto tribunal y busca establecer si la congresista incurrió en posibles irregularidades relacionadas con contratos de maquinaria en La Guajira.

El proceso judicial tuvo un episodio relevante en junio, cuando la Sala de Instrucción de la Corte Suprema ordenó la captura de Peralta durante una diligencia de indagatoria. La decisión estuvo relacionada con el riesgo de que la senadora no compareciera a la continuación de la audiencia. Después de terminar la indagatoria, recuperó su libertad y quedó sometida a un compromiso de comparecer ante la Corte y de no salir del país sin autorización del alto tribunal.

La investigación también ha generado un debate dentro de la propia Corte Suprema. En agosto se conoció una solicitud de cuatro magistrados de la Sala de Instrucción para que se investigaran posibles irregularidades atribuidas a la magistrada Cristina Lombana en el trámite del expediente contra Peralta. Lombana, por su parte, negó haber incurrido en actuaciones irregulares.

Tras conocer la decisión de Estados Unidos, Peralta aseguró que se enteró por los medios de comunicación y que no había recibido una notificación oficial ni conocía las razones concretas de la medida. La senadora anunció que solicitará explicaciones ante la Cancillería, la Embajada de Estados Unidos y el propio Gobierno estadounidense. También afirmó que continuará ejerciendo su actividad política y defendiendo a las comunidades que representa en La Guajira.

El caso de Peralta queda así atravesado por dos escenarios diferentes: una investigación judicial que continúa en Colombia y una decisión administrativa de Estados Unidos sobre su ingreso a ese país. En el caso estadounidense, hasta ahora Washington no ha divulgado públicamente una explicación específica que detalle las conductas que motivaron la revocatoria de su visa.