La Contraloría General de la República advirtió sobre las dificultades que enfrenta el sistema penitenciario y carcelario en Colombia, tras evaluar el diseño del CONPES 4157, política pública creada en 2025 para avanzar en la humanización de las condiciones de reclusión. El organismo de control encontró una sobrepoblación de 23.006 personas privadas de la libertad frente a la capacidad disponible.

De acuerdo con la evaluación, elaborada por la Contraloría Delegada para el Sector Justicia en julio de 2026, con corte a junio de 2025 el sistema penitenciario contaba con 81.387 cupos para atender a 104.393 personas privadas de la libertad. La situación, según el documento, evidencia la persistencia del hacinamiento estructural relacionado con el Estado de Cosas Inconstitucional declarado por la Corte Constitucional.

El CONPES 4157 contempla 109 acciones a cargo de 19 entidades nacionales y seis ejes estratégicos relacionados con las condiciones de vida en los establecimientos de reclusión, la resocialización, la capacidad institucional, la corresponsabilidad territorial, los sistemas de información, los mecanismos de control y las condiciones laborales del personal del INPEC. Sin embargo, la Contraloría calificó la pertinencia de su diseño con 1,34 sobre 3.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la financiación. La política tiene un costo estimado de $4,41 billones entre 2025 y 2033, pero estos recursos no están respaldados por un presupuesto único y su ejecución depende de las apropiaciones y prioridades de las entidades responsables. Para atender las necesidades de infraestructura, además, se calculan 35.551 nuevos cupos con un costo aproximado de $5,9 billones, superior al valor estimado para implementar la totalidad del CONPES.

La evaluación también señala dudas sobre la suficiencia de los recursos destinados a los programas de resocialización. A esto se suma que los objetivos específicos de la política fueron formulados de manera general y que predominan los indicadores de producto sobre los de impacto, lo que, según la Contraloría, dificulta medir cambios concretos en variables como hacinamiento, habitabilidad, resocialización y reincidencia.

Otro de los aspectos señalados es la limitada participación de las personas privadas de la libertad en la construcción del diagnóstico. Aunque se realizaron 30 mesas de trabajo, participaron directamente 61 personas, equivalentes al 0,058 % de la población penitenciaria nacional. La Contraloría también indicó que, pese a que el CONPES identifica las principales causas de la crisis carcelaria, no establece una priorización suficiente para determinar cuáles tienen mayor impacto y requieren atención inmediata.