El Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó la elección de los 16 representantes de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) para el periodo 2026–2030, pero el proceso en la curul del Catatumbo, en Norte de Santander, quedó marcado por denuncias que ahora serán evaluadas por el Consejo de Estado.

En esta circunscripción, que abarca municipios como Tibú, El Tarra, Teorama, Convención, Hacarí, Sardinata, San Calixto y El Carmen, el CNE confirmó la elección de Tatiana Gaona Pinzón. Sin embargo, durante el escrutinio se presentaron múltiples reclamaciones que cuestionaron las condiciones en las que se desarrolló la votación.

El principal opositor en la contienda, Wladimir Gómez Becerra, denunció presuntos hechos de constreñimiento al elector, amenazas y posibles irregularidades en la financiación de campañas. Según su versión, habría existido presión por parte de estructuras criminales con presencia en la región para favorecer una candidatura específica.

A estas denuncias se sumaron alertas por comportamientos atípicos en los resultados electorales. Entre los casos expuestos, se señaló que en una mesa de Hacarí, con un potencial de 239 votantes, 138 votos fueron para la candidata electa. De manera similar, en San Calixto se registraron 166 sufragios a su favor en una mesa con 256 electores habilitados. Los denunciantes calificaron estos patrones como concentraciones inusuales que podrían sugerir afectaciones a la libertad del voto.

También se reportaron inconformidades por la supuesta falta de respuesta a reclamaciones presentadas por testigos electorales ante las comisiones escrutadoras municipales y departamentales, en las que se solicitaba revisar posibles casos de votación atípica y presiones al electorado.

Pese a estos señalamientos, el CNE ratificó la validez del proceso electoral y sostuvo que tanto la jornada del 8 de marzo de 2026 como el escrutinio se desarrollaron con garantías de transparencia, legitimidad y participación. El organismo defendió que el proceso contó con la vigilancia de actores electorales acreditados y que se cumplieron los protocolos establecidos.

Con la declaratoria en firme, la controversia se traslada ahora al Consejo de Estado, que deberá analizar las demandas presentadas y determinar si la elección en el Catatumbo se ajustó a las condiciones legales y constitucionales, en medio de cuestionamientos sobre la libertad del sufragio en una de las regiones más complejas del país en materia de orden público.