Un racionamiento eléctrico de la magnitud y duración del que sufrió Colombia entre 1992 y 1993 tendría hoy un impacto económico devastador: un costo de $30,7 billones (1,6% del PIB) y la pérdida de 210.000 empleos. Además, unas 480.000 personas adicionales podrían caer en pobreza monetaria. Estas son las conclusiones de un ejercicio presentado por Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, durante el 18° Congreso Anual de Energía de Acolgen, que pone cifras a un escenario que las alarmas climáticas y los rezagos del sector hacen cada vez menos hipotético.

El cálculo, basado en la metodología de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), replica las condiciones de aquella crisis de 343 días, donde el sistema dejó de atender el 6,8% de la demanda. Del golpe total, $25 billones corresponderían a la producción que las empresas dejarían de generar. Los $5,7 billones restantes representan la “pérdida de bienestar de los hogares”, el deterioro tangible en la calidad de vida por una falta prolongada de electricidad.

Estas proyecciones surgen en un momento crítico. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) estima casi 100% de probabilidad de que El Niño persista hasta febrero de 2027, con riesgo de intensificarse. Para un sistema que genera la mayor parte de su electricidad con agua, esto es una amenaza directa. Los datos de XM, operador del sistema, muestran que los aportes hídricos a los embalses llevan cuatro meses consecutivos bajo el promedio histórico, con regiones como Antioquia y Caldas en niveles críticos (50,4% y 54,6% de sus medias, respectivamente).

Pero la sequía no es el único problema. Un rezago significativo en la entrada de nuevos proyectos de generación agrava la presión. A septiembre, solo 23% de la nueva capacidad de generación prevista para el año estaba operativa. En transmisión, la situación es similar: 60% de los 42 proyectos en curso presentan atrasos. Esta doble falla —menos energía nueva y menos capacidad para llevarla— deja al sistema con menos margen que en crisis anteriores.

“Asegurar el suministro de energía debe ser una prioridad de la política económica. Las decisiones que se tomen hoy pueden reducir el riesgo de los cortes y proteger los ingresos de los hogares”, afirmó Mejía durante el congreso. La presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, coincidió al advertir que, aunque Colombia lleva más de 30 años sin racionamientos, las condiciones actuales son inéditas: demanda creciente, proyectos atrasados y menor “energía firme” (la garantizada en escenarios adversos).

Las proyecciones de XM presentadas por Acolgen son elocuentes: para el período 2026-2027, la energía firme estaría un 7,8% por debajo de lo necesario, una brecha que se mantendría en años posteriores. Esto indica que la presión podría prolongarse más allá del fin de El Niño.

Frente a este panorama, Lumen y Acolgen plantean soluciones urgentes. A corto plazo, es vital garantizar la operación sin contratiempos de las plantas térmicas (asegurando suministro de combustible y liquidez) y establecer incentivos para el ahorro de energía en horas pico. A mediano y largo plazo, la receta es una sola: recuperar el ritmo de expansión del sistema con reglas estables para inversionistas, agilización de trámites y destrabar proyectos de generación y transmisión.