La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha lanzado una advertencia contundente sobre la creciente violencia y estigmatización que enfrentan los periodistas en Colombia, especialmente durante el gobierno de Gustavo Petro y el mandato del fiscal Francisco Barbosa. Este llamado a la acción surge en un momento crucial para la libertad de prensa en el país, con agresiones cada vez más frecuentes que amenazan la integridad y la seguridad de los profesionales de los medios.

Según la FLIP, las agresiones, amenazas y estigmatizaciones contra los medios y periodistas se han vuelto más comunes, y lo que es más preocupante, se disfrazan como un derecho legítimo de los gobernantes a debatir sobre el contenido periodístico.

En este sentido, el presidente Gustavo Petro y funcionarios como el fiscal Francisco Barbosa han sido señalados como responsables de crear un clima adverso hacia la prensa, utilizando discursos que desacreditan el trabajo periodístico y fomentan la desconfianza en la labor de los medios de comunicación.

El informe de la FLIP también resalta la preocupación por los casos de asesinatos de periodistas, que a menudo quedan impunes, y la falta de acción por parte del Estado para proteger a los periodistas y garantizar la libertad de prensa en el país. Esta situación genera un ambiente de temor y vulnerabilidad para aquellos que ejercen el periodismo, poniendo en riesgo su vida y su capacidad para informar de manera independiente y objetiva.

Además de la violencia física, la FLIP también señala otros factores que contribuyen a la vulnerabilidad del periodismo en Colombia, como la financiación de los medios de comunicación por parte de instituciones públicas y la concentración de medios en manos de unas pocas familias. Esta situación no solo limita la diversidad de opiniones y perspectivas en el espacio mediático, sino que también aumenta la influencia sobre las líneas editoriales y la capacidad de los periodistas para informar con independencia.

En respuesta a esta preocupante tendencia, la FLIP hace un llamado urgente al Gobierno para que respete la libertad de prensa y diferencie entre la crítica legítima y la estigmatización que busca minar la confianza en el periodismo. Se insta a las autoridades a tomar medidas concretas para proteger a los periodistas y garantizar un entorno seguro en el que puedan desempeñar su labor sin temor a represalias o intimidaciones.