El Consejo Nacional Electoral (CNE) se encuentra en el ojo del huracán debido a dos contratos por un total de $22.000 millones adjudicados a la Empresa de Recursos Tecnológicos del Valle (ERT), una compañía pública bajo el control de la Gobernación del Valle, gobernada por Dilian Francisca Toro, del Partido de la U.

La controversia surge por las posibles irregularidades y conflictos de interés en la adjudicación de estos contratos, que buscan consolidar la infraestructura tecnológica del CNE y reducir su dependencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Según una investigación de El Espectador, los contratos fueron firmados por Maritza Martínez, actual presidenta del CNE y exsenadora del Partido de la U, y Alfonso Campo, expresidente del Partido Conservador. “Quien estructuró los contratos fue Gustavo Lozano Ferro, director de la Oficina de Tecnologías de la Información del CNE, quien trabajó para el Partido de la U en 2010, lo que podría suponer un conflicto de interés”, señala el medio.

Además, se ha cuestionado la capacidad operativa de ERT para manejar compromisos de gran escala, ya que en el pasado ha recurrido a prácticas de subcontratación, redistribuyendo los montos a otras empresas. “ERT ha sido cuestionada por su capacidad de gestión en contratos millonarios y prácticas de subcontratación, involucrando a terceros para ejecutar los términos de los contratos, lo que lleva a algunas voces a cuestionar la idoneidad de la empresa para manejar compromisos de gran escala”, afirma el medio.

La situación ha generado suspicacias debido a la cercanía de algunas figuras políticas con la empresa adjudicataria. “Henry Posada Torres, suplente en la junta de ERT, también tendría un nexo familiar con la exgobernadora Clara Luz Roldán, pues es el padre de una de sus hijas, lo que refuerza las sospechas de conflictos de interés”, señala la investigación.