Por tráfico de influencias la Corte condena a Musa Besaile y al ‘Ñoño’ Elías

Por: Maria José Salcedo

9 febrero, 2024

Por tráfico de influencias la Corte condena a Musa Besaile y al 'Ñoño’ Elías

La Corte Suprema de Justicia emitió una condena contra los excongresistas del Partido de la U, Musa Abraham Besaile Fayad y Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías, en relación con un caso de tráfico de influencias para favorecer a un consorcio en un contrato de interventoría con el extinto Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade.

Según la sentencia, Besaile enfrenta una pena de 32 meses de prisión, mientras que a ‘Ñoño’ Elías se le impuso una condena de 39 meses, ambas bajo la misma medida carcelaria. Sin embargo, esta decisión podría ser modificada mediante un recurso de apelación.

Es importante destacar que los excongresistas ya habían aceptado los cargos por estos hechos desde el año anterior, luego de una investigación que se remonta a los años 2016 y 2017. La investigación se inició a raíz de las declaraciones de un exfuncionario o asesor de la antigua entidad, quien afirmó haber utilizado sus influencias para favorecer a los congresistas con un contrato con la empresa Certicámara, especializada en el manejo de información digital empresarial.

Bernardo Miguel Elías había sido puesto en libertad condicional en julio de 2023 por decisión del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Sincelejo. Esta medida se tomó después de que fuera condenado en marzo de 2018 a 6 años y 8 meses de prisión por cohecho y tráfico de influencias en el escándalo de corrupción de Odebrecht.

Por otro lado, Musa Besaile abandonó un centro de reclusión militar en enero pasado, luego de que un juez ordenara su traslado a detención domiciliaria. Besaile ha estado involucrado en varios escándalos de corrupción, incluido el Caso Odebrecht, el Cartel de la Toga y el Cartel de la Hemofilia, aunque su condena en este caso específico fue por financiar grupos paramilitares en su región.

La condena de estos excongresistas resalta la lucha contra la corrupción en Colombia y envía un mensaje claro sobre la responsabilidad y rendición de cuentas de los funcionarios públicos ante la justicia.